Abogados aceptan que Robles tuvo dos domicilios más, en zonas exclusivas

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Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles Berlanga, confirmó que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tuvo como “domicilios alternos”las viviendas ubicadas en Reforma 222 y Tennyson 223, además de la propiedad localizada en el Pueblo de los Reyes de Alcaldía Coyoacán, la cual es identificada como su residencia oficial.

En entrevista con el periodista Luis Cárdenas para el programa “La Primera de MVS”, la defensa de la ex funcionaria admitió la existencia de dichos domicilios, señalados previamente por la revista Proceso como otros lugares en los que habría habitado la ex funcionaria o registrado en distintos momentos.

En la edición 2233 del semanario, el reportero Arturo Rodríguez García reveló que con base en documentos, testimonios y registros periodísticos se podían identificar al menos cinco inmuebles vinculados con la ex colaboradora del priista Enrique Peña Nieto, entre los que destaca uno en Torreón, Coahuila.

“Es una residencia en un exclusivo fraccionamiento, propiedad de familiares lejanos que a su vez son accionistas de empresas implicadas por la ASF [Auditoría Superior de la Federación] en un esquema de presunto desvío de recursos como parte de la revisión de la cuenta pública de 2015”, publicó Proceso.

Según la información proporcionada por el medio, el inmueble está ubicado en una zona exclusiva y habría sido asentado como suyo por Robles Berlanga en el contrato de arrendamiento que suscribió por otro domicilio, localizado en Reforma 222, donde vivió al menos de 2015 a 2018.

Ante la difusión de esta información, el abogado de la ex Secretaria de Estado dijo desconocer la situación del domicilio en Coahuila. “Desconozco de ese domicilio no sabía que ese domicilio. Yo puedo decir que no es de ella, la razón puede ser que alguien se lo haya facilitado para ponerlo como garantía, como aval”, defendió en la entrevista.

La semana pasada, Rosario Robles fue vinculada a proceso por el ejercicio indebido de funciones y el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le dictó prisión preventiva bajo el argumento de que había un riesgo de que se fugara porque las autoridades identificaron que habitaba en un domicilio distinto al que declaró.

LA IMPUTACIÓN 

El pasado 8 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusaron a Rosario Robles por omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en las secretarías que dirigió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La Fiscalía y la Auditoría presentaron como pruebas 27 convenios que realizaron las dos secretarías mientras Robles era su titular. Dichos convenios se llevaron a cabo con la Universidad  de Morelos; con la Universidad Politécnica de HidalgoM; con la Televisora de Hermosillo; con la Universidad Politécnica de Quintana Roo; con la Universidad de Chiapas; con Radio y Televisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

En voz de Teresa Maldonado, Agente del Ministerio Público (MP) federal, las imputaciones directas a Robles son “por el posible ejercicio indebido del servicio público, porque supo por el cargo que ella tenía, de estos actos y no informó al Presidente [Enrique Peña Nieto], y no actuó en contra a pesar de que ambas cosas están estipuladas en los reglamentos de Sedesol y Sedatu”.

“Usted, señora María del Rosario, estando en la Sedesol y Sedatu, de 2012 a 2015 y de 2015 a 2018, respectivamente, sabía que resultarían afectadas terceras personas y usted era Secretaria de Estado (…) En junio de 2014, usted tuvo conocimiento de los actos, por parte de Juan Manuel Portal, entonces auditor superior de la federación, y volvió a tener conocimiento en septiembre de 2014 y junio de 2015”, dijo Maldonado.

La agente enlistó las acusaciones y enfatizó en que lo que se hizo en la Sedesol se repitió en la Sedatu. Lo que pidió fue “el auto de vinculación a proceso por los hechos conocidos como la “Estafa Maestra”; por las irregularidades de las que tuvo conocimiento de manera interna y por la ASF, por hechos cometidos por servidores públicos de sus secretarías”.

(Con información de Sin Embargo)

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