Autoridades de Chihuahua dan 88 años de prisión a profesor que abusó de 11 niñas rarámuri

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Autoridades chihuahuenses determinaron una condena de 88 años de prisión para Jesús José Mina Mina, quien el pasado lunes 18 de febrero fue imputado por abusar sexualmente de once niñas rarámuri, informó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).

En el año 2015,  Mina se desempeñaba como profesor de cuarto grado de primaria en la escuela Benito Juárez, ubicada en la comunidad de San Ignacio de Arareco, en el municipio de Bocoyna, Chihuahua. El imputado fue acusado de realizar tocamientos de índole sexual a once de sus alumnas frente al resto de sus compañeros de clase.

Familiares de las víctimas denunciaron los hechos y solicitaron la orden de aprehensión. El agresor fue detenido por elementos de la Policía Estatal División Investigación en abril de 2015. Mediante pruebas ginecológicas y psicológicas a las niñas afectadas, se determinó que siete de las once alumnas fueron víctimas de violación por parte del inculpado.

En la sentencia también se consideró una reparación material de 100 mil pesos para las víctimas y una multa de 41 mil 413.50 pesos para el agresor.

PEQUEÑOS AVANCES: CEDEHM

La Cedehm reconoció la labor de los jueces y de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), pues, aseguraron, atendieron sus peticiones en el caso de Mina. Además de considerar los protocolos para impartir justicia con perspectiva de género. La FEM brindó un seguimiento oportuno y de calidad durante los días que se llevaron a cabo los alegatos.

Este caso resulta emblemático, toda vez que se pudo garantizar el acceso a la justicia para un grupo de niñas en situación de vulnerabilidad, al tratarse de niñas indígenas, residentes de una comunidad económica y socialmente marginada, en la cual fueron víctimas de delitos sexuales cometidos por su entonces profesor, una figura de autoridad y confianza.

Desde el CEDEHM se hace un llamado al Estado y a las instituciones educativas para capacitarse en materia de detección y prevención del abuso sexual infantil; a incluir en sus programas educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes; a anteponer el testimonio de las víctimas frente al de cualquier otra figura de autoridad, y a actuar oportunamente en la denuncia de casos de abuso o violación sexual.

(Con información de Sin Embargo)

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