Avalan contralores externos en universidades

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La Suprema Corte de Justicia avaló la facultad de los Congresos estatales para designar a los contralores de las universidades autónomas, y para que las faltas graves de los funcionarios de esas instituciones sean procesadas bajo las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Por unanimidad, la Segunda Sala de la Corte negó ayer miércoles un amparo promovido en 2017 por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que reclamó la reforma a los artículos 61 y 130 de la Constitución local.

Dicha reforma facultó al Congreso para nombrar al titular del Órgano Interno de Control de la UAEM, y determinó que los servidores públicos de ese y los demás órganos autónomos estatales, serán sancionados por faltas graves por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

El caso es relevante porque, en años recientes, varias universidades autónomas, incluida la UAEM, han sido señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por múltiples irregularidades en el manejo de recursos públicos, e incluso por participar en casos de desvío de fondos, como la llamada Estafa Maestra.

Jorge Olvera García, ahora ex Rector de la UAEM, alegó en el amparo que las reformas para adaptar la Constitución mexiquense al SNA son una «invasión injustificada» que afecta las facultades de autogobierno y administración que gozan las universidades autónomas.

Pero la Corte consideró que los cambios fueron acordes con los requerimientos de la reforma a la Constitución federal que creó el SNA, y que exigió a los Estados crear sus propios sistemas locales.

«Dentro del SNA se aprobó como una medida idónea para alcanzar sus fines, el otorgamiento al Congreso de la Unión de la facultad para designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos que gocen de autonomía, resulta evidente que dicha medida también es idónea para los sistemas locales anticorrupción», afirmó la Corte.

«Atendiendo al carácter instrumental del principio de autonomía universitaria, el rol que juega en torno al SNA y a los distintos sistemas locales, es el de una garantía institucional que tiene como finalidad maximizar el derecho a la educación superior, mediante el adecuado ejercicio de los recursos públicos que se le asignan para tal efecto y que con base en la estructura de dicho sistema, implica el establecimiento de órganos internos de control», agregó.

Los Ministros también aclararon que solo los funcionarios universitarios que manejan recursos públicos, pueden ser considerados como «servidores públicos» para fines de sanciones por faltas graves, no así los que solo tienen labores académicas.

«No debe entenderse que todo trabajador universitario es un servidor público, pues no todos actúan por mandato de una ley en sentido formal, sino que algunos lo hacen en términos de los estatutos internos», explica la sentencia.

(Con información de Reforma)

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