Avanza dictamen; acusan concesiones a CNTE

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Las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la nueva reforma educativa.

En lo general, se emitieron 48 votos a favor, tres en contra de legisladores de Morena y 9 abstenciones de legisladores del PAN, PT y Morena.

Con esta reforma desaparecen las disposiciones que señalaban que la permanencia de los maestros en el salón de clases dependía del resultado de las evaluaciones.

De hecho, no desaparecen las evaluaciones para el acceso y los ascensos de los docentes, pero sí se elimina la palabra «permanencia», como la principal concesión otorgada a los maestros para desaparecer la llamada «evaluación punitiva».

«La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos», cita el dictamen sobre la permanencia de las evaluaciones.

«Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de la ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones (las universidades) a las que se refiere la fracción VII de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones».

Tras la negociación con la CNTE se precisa en un artículo decimosexto transitorio que, con la entrada en vigor de la nueva reforma, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el Artículo 123 constitucional Apartado B.

«Con fundamento en este Decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros», cita la redacción negociada ayer con la CNTE y que destrabó la reforma.

En la redacción del Artículo tercero, se señala que toda persona tiene derecho a la educación y que el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, mientras que la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo.

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, y, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

«La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje», señala este nuevo párrafo para poner a los educandos por encima de los intereses del magisterio.

«El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos».

Sin embargo, sobre el gremio se añade también: «Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional».

La nueva redacción agrega que la ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión.

Corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo, se precisa.

(Con información de Reforma)

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