Azota crimen a minas de oro

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Grupos criminales mantienen en zozobra a la zona minera del «Cinturón de Oro», que incluye los Municipios de Eduardo Neri, Tepecuacuilco, Cocula, Huitzuco, Copalillo, Heliodoro Castillo y Atenango del Río, en Guerrero.

Estas bandas están cobrando cuotas tanto a las compañías mineras como a los trabajadores de las minas y a los proveedores, de acuerdo con reportes de organizaciones no gubernamentales que han hecho trabajo social en esa región.

A una década del inicio de la extracción de minerales en el «Cinturón del Oro», las dos más grandes explotaciones han generado empleos y aportado recursos para obra pública y proyectos de infraestructura carretera, pero, a la par, han surgido grupos criminales que azotan a empresas y pobladores.

En enero de 2017, la compañía canadiense GoldCorp vendió su mina Los Filos a la empresa también canadiense Leagold Mining Corporation en 350 millones de dólares.

Según la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y pobladores, la venta fue debido a los conflictos sociales y a la violencia que prevalece en las comunidades de Carrizalillo, Mezcala y Xochipala.

Fue una transacción en la que se pagaron 279 millones de dólares en efectivo y 71 millones de dólares en acciones.

De 2007 a 2017, Goldcorp obtuvo 350 millones de dólares de ganancias por la extracción de oro y plata en mil 200 hectáreas de tierras que les rentó a 500 comuneros de Carrizalillo, en el Municipio de Eduardo Neri.

En 2007, la GoldCorp, luego de dos años de realizar trabajos de exploración, inició la extracción de los minerales.

A los ejidatarios les pagaba una pequeña cantidad anualmente de la renta por hectárea, pero, en ese mismo año, les aumentó a 56 mil pesos el pago tras las protestas de la gente que cerró durante dos meses la mina.

Además, los ejidatarios y autoridades lograron la construcción de obras sociales en su comunidad.

Los pobladores dejaron de sembrar sus parcelas de maíz y de producir el mezcal en sus fábricas, ya que sus tierras fueron dañadas por la maquinaria y la construcción del patio de lixiviados sin estar enterados de las consecuencias ambientales y de salud que esto les iba a provocar.

En 2011, empezó la violencia en esa zona con la llegada del cártel de Los Rojos que le empezó a cobrar el derecho de piso a GoldCorp.

A los 2 mil 600 trabajadores de la mina los obligaban a pagar desde entonces entre 12 mil y 15 mil pesos anuales, señala la Red de Afectados por la Minería.

Según varios reportes, el cobro anual a la mina era de entre 5 y 7 millones de pesos al año.

Otras minas instaladas en Tierra Caliente y en Cocula, en la región norte del Estado, también pagan derecho de piso a otras organizaciones de la delincuencia, señala la REMA.

En Carrizalillo, Mezcala, Xochipala, el transporte público, las tiendas de abarrotes y empresarios que prestan algún servicio a la mina, entregan una cuota económica a los cárteles de la droga.

Según informes de los lugareños, la situación de extorsión de los dos grupos delictivos contra la minera, negocios, transporte y trabajadores no ha variado en los últimos años.

La disputa por el territorio entre las organizaciones criminales de Los Rojos y el Cártel de la Sierra arrojó un saldo de al menos 58 personas asesinadas entre 2011 y 2018.

Durante 2015, habitantes de estas comunidades realizaron una búsqueda de sus familiares desaparecidos por algunos cerros logrando hallar varias fosas clandestinas con restos humanos.

La empresa de capital canadiense Leagold Mining Corporation señala, en un informe, que tiene derecho de explotar una superficie a cielo abierto de 4 mil 246 hectáreas en Los Filos y El Bermejal.

Su objetivo, hasta 2024, es explotar a tajo abierto 889 mil onzas de oro y 8 mil 322 onzas de plata.

A excepción de un conflicto que tuvo con los ejidatarios en 2018 y que duró solo dos semanas, la minera no ha tenido problemas para seguir con su actividad de extracción de minerales.

Las organizaciones criminales han marcado sus territorios en esa zona que también conecta con comunidades de la Sierra de los municipios de Eduardo Neri y Leonardo Bravo, demarcaciones de alta incidencia en la siembra de la amapola y marihuana.

‘Trabajan normalmente’

El director de Promoción Industrial y Minera del Gobierno de Guerrero, Omar Elías Azar, asegura que en estos momentos cuatro minas están trabajando de manera normal.

Una es la de Carrizalillo, otra en Mezcala, del Municipio de Eduardo Neri, y la Media Luna, asentada en comunidades de Cocula.

Además de Campo Morado, ubicada en el Municipio de Arcelia.

En 2017, la empresa que tenía la mina la cerró por presiones de la delincuencia organizada.

Sin embargo, en ese mismo año, la mina reinició sus actividades luego de que el consorcio canadiense Telson Resources la vendió.

«En algunos lugares donde están asentadas las minas se han registrado algunos hechos de violencia, pero hasta este momento todo está en calma», dice el funcionario estatal.

Los efectos de Media Luna

Desde 2007, cuando el consorcio canadiense Torex Gold, a través de su subsidiaria Media Luna, inició los trabajos de exploración para encontrar una veta de oro en comunidades del Alto Balsas, en el Municipio de Cocula, hubo oposición de los habitantes.

Sin embargo, los ejidatarios de las comunidades de Los Guajes y el Limón fueron convencidos para rentar a la empresa 630 hectáreas de tierras en forma inicial y, en 2016, fue inaugurada la planta de procesamiento.

El proyecto de la Torex Gold ya se extendió a otras comunidades de La Fundición, Nuevo Balsas y Atzcala y, según los empresarios de la mina, en un lapso de 10 años se van a invertir 800 millones de dólares proyectándose extraer 358 mil onzas de oro al año.

Un ejidatario de la La Fundición señala que la gente está arrepentida de haber rentado sus tierras a la minera porque sólo les ha traído conflictos y división entre los mismos habitantes.

Cuenta que los ejidatarios que rentaron sus tierras fueron reubicados en una zona donde les construyeron casas que parecen «ratoneras».

«Antes la gente tenía sus casas, aunque sea de bajareque, grandes, con un patio enorme y sus parcelas para sembrar», dice.

Menciona además de que hoy la gente de Nuevo Balsas, que tenía como fuente principal de ingresos la pesca en el río Balsas, ya no puede hacerlo porque no hay peces.

«No sabemos a ciencia cierta de que la escasez de los peces en el río se deba a la contaminación provocada por la mina y desde hace tiempo estamos pidiendo a investigadores de la Universidad (Nacional) Autónoma de México que vengan a realizar los estudios», agrega el ejidatario.

«Obvio, nosotros no le creemos al Gobierno ni a la empresa minera».

Sobre estas denuncias de afectaciones al medio ambiente, las autoridades estatales y la minera aseguran que no hay tal daño.

A raíz de que se asentó la empresa en esta zona, considerada por los expertos en minerales, junto con Carrizalillo y Mezcala como «El Cinturón de Oro», se ha disparado la violencia.

Durante 2017, se gestó un movimiento opositor contra la empresa para exigir el cambio de titularidad del contrato colectivo de la CTM.

Alentados por el entonces líder minero en el exilio en Canadá, el actual senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, los trabajadores cerraron la mina.

El 20 de noviembre de 2017, dos de los paristas, los hermanos Víctor y Marcelino Sahuinitla Peña, fueron masacrados por un grupo armado en Atzcala.

Al dirigente del movimiento, Quintil Salgado Salgado, también lo mataron a tiros el 24 de enero de 2018 en Nuevo Balsas.

Los crímenes de los tres trabajadores de la mina no han sido aclarados por la Fiscalía de Guerrero.

Tras la muerte de estos trabajadores, la mina no ha tenido problemas para seguir laborando y sus relaciones con instituciones del Gobierno local se han fortalecido.

Incluso, el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña, ha establecido una relación institucional celebrando convenios con Media Luna.

Además, la UAG recién creó una escuela de Minería.

En la zona donde está asentada la mina sigue en activo una Policía comunitaria integrada por varias decenas de hombres armados y que, según los lugareños, no son de la región.

«Es una Policía comunitaria financiada por la mina, según para que nos cuide, pero más bien creo que para apaciguar a la gente que está inconforme», dice un ejidatario.

(Con información de Reforma)

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