CdMx debe castigar ya a quienes dieron usos de suelo ilegales

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Para acabar con la corrupción detrás del sector inmobiliario en la Ciudad de México se debe ir por quienes autorizaron usos de suelo ilegales y porcancelar las obras irregulares, consideró Josefina Mac Gregor, dirigente de Suma Urbana una organización que participa en Obra Chueca, una plataforma de denuncia de construcciones irregulares en territorio capitalino.

Desde la entrada del nuevo Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbuam Pardo, se comenzó a hacer una revisión de diversas construcciones, lo cual tiene a la fecha al menos 22 obras que fueron suspendidas y donde las constructoras debieron modificar sus proyectos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) informó a SinEmbargoque desde el inicio de la administración se revisaron 174 Polígonos de Actuación, autorizados entre 2017 y 2018, y se detectaron irregularidades en 48 de ellos. En 22 de estos casos se promovieron juicios de lesividad y los proyectos fueron suspendidos por la autoridad competente, el Tribunal de Justicia Administrativa.

En las 26 restantes se iniciaron procedimientos de revocación del dictamen, debido a que la mayoría no habían iniciado obra o estaban en cimentación.

A la fecha en los 22 casos que se encuentran en juicio (14 de lesividad y 8 de revocación), los particulares desistieron de continuar con el proceso legal y modificaron sus proyectos para apegarse a las normas y a los usos de suelo establecidos en los programas delegacionales o parciales de desarrollo urbano de diversas alcaldías de la ciudad, entre ellas Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Álvaro Obregón.

Estas obras fueron suspendidas por contar con niveles de más, asignación de mayor potencial de construcción o porque se emitieron en zonas donde no están permitidos los polígonos de actuación y que fueron firmados por el director de instrumentos (carece de las atribuciones para ello) cuando debió hacerlo el director general de Desarrollo Urbano.

La Seduvi también informó que hay otras obras clausuradas por las alcaldías. De hecho, apenas el pasado 15 de julio, la Alcaldía de Iztacalco –encabezada por Armando Quintero– anunció que se comenzaría una revisión de los desarrollo inmobiliarios que obtuvieron permisos en la administración pasada de la demarcación para “poner orden a los desarrollo de acuerdo a la ley, obligar a las empresas a pagar daños a los edificios y casas a consecuencias de estas construcciones”. E informó que se clausuró el complejo “Residencial Francisco del Paso 175”, pues no cumplió con las normas de protección civil, un lugar donde se construían un total de 414 departamentos. Y además en otras dos obras –ubicadas en Plutarco Elías Calles 21, en Granjas México, y Comunal 50, en Agrícola Oriental– se les inició un proceso de revocación de los registros de manifestación de construcción, donde pretendían ofertar 800 y 351 departamento, respectivamente.

Mientras que en Álvaro Obregón se han suspendido alrededor de 171 obras por posibles irregularidades, y 70 en la Miguel Hidalgo, según informaron los alcaldes de esas demarcaciones, Layda Sansores y Víctor Hugo Romo, respectivamente, el pasado 3 de julio cuando presentaron su propuesta para la Ley de Desarrollo Urbano ante el Congreso capitalino.

El miércoles, durante la entrega de créditos del Programa de Mejoramiento de Vivienda, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que durante la administración pasada, encabezada por Miguel Ángel Mancera Espinosa, “se hizo una política de vivienda en donde primero se violaron muchos usos de suelos con muchos edificios que no deberían de estar donde se construyeron, pero no sólo eso, sino que la vivienda que se construía era solamente vivienda media”.

Para la dirigente de SUMA Urbana, Josefina Mac Gregor, el problema de las construcciones ilegales en la capital del país es de ya muchos años atrás y se trata de un tema de corrupción y extorsión que ha imperado en el Gobierno capitalino.

“Es un problema de corrupción y extorsión que van de la mano. Por un lado hay sectores de la industria de la construcción, que eso no implica a todos, que han recurrido a una forma de operar, modus operandi, teniendo colusión con funcionarios de todos lados, en Seduvi, en las delegaciones –ahora alcaldías–, en el Invea, en el INAH, en todas las instituciones que pudieran sancionarlos [para] operan impunemente, sin ningún tipo de problema, para donde se podrían hacer seis pisos, terminar haciendo veinte”, consideró.

La activista vecinal reconoció el trabajo de revisión que llevan a cabo las nuevas autoridades, pero alertó que aún falta que la Procuraduría actúe contra quienes otorgaron esos permisos ilegales.

“Por lo menos como ciudadano que lleva denunciando esto muchos años, la aceptación del Gobierno de la ilegalidad es una avance, primero. Segundo, el hacer una pausa y decir ’no, no es que te dieron ya tu uso y puedes hacer lo que quieras de tu edificio, déjame revisarlo’; y el darse cuenta que muchos usos fueron dados ilegalmente, están corriendo juicios de lesividad para quitárselos, me parece un gran avance”, destacó.

“Me parece una excelente acción del Gobierno detener la obra hasta no entender cuáles son legales y cuáles ilegales. Eso me parece muy bueno, y en la revisión de tanta ilegalidad me parece muy bien que procedan a eliminar los permisos que fueron dados ilegalmente. Pero mi pregunta es: ¿y a quien los firmaron qué? Porque mientras no te vayas ahí, ese es el origen, esa es la raíz”, agregó Mac Gregor.

(Con información de Sin Embargo)

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