DEMANDAN MÉDICOS TERMINAR CON CORRUPCIÓN EN CONACEM

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Por: Carlos Lara Moreno

Un grupo de oftalmólogos que han buscado su certificación médica, denunciaron que han sido bloqueados por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem) por el hecho de procesar la religión adventista, ya que al aplicar las pruebas los sábados han padecido discriminación, debido que para ellos ese es el día que dedican para el culto.

En entrevista con El Sol de México, Fernando Crespo, abogado defensor de este grupo de médicos especialistas, comentó que se ha interpuesto un juicio de amparo, ya que el Conacem no ha permitido que sus representados puedan certificarse otro día que no sea el sábado.

Abundó que se ha promovido el juicio de amparo que ahora esta en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que “solo estamos separando a que se de esa resolución en particular”

“Aquí definitivamente lo que llega a suceder es que nosotros como grupo no nos estamos negando a la presentación del examen, que es lo que muchas veces se ha interpretado, que por ser adventistas o de otra religión que guarda el sábado se pueda pensar que no se quiere presentar el examen.

“Entonces al consejo se le han presentado diversas opciones de examen, que puedan aplicarlo jueves o viernes o domingo y lunes, no hay una negativa a la certificación, al contrario a los médicos les interesa estar certificados”, comentó el litigante.

Expuso que si bien algunas  certificaciones o tramites que se hacen ante gobierno se consideran los sábados o los domingos como días mas factibles para que la gente puedan tener la oportunidad de asistir a un examen, pero al ser una Asociacion Civil la que esta promoviendo este tipo de certificación para trabajar debería de adaptarse a los requerimientos de algunos médicos.

“Las personas que pertenecen a la Iglesia del Séptimo Día, los adventistas, ellos guardan el sábado totalmente y es una situación de índole religiosa muy respetable”, explicó.

Fernando Crespo enfatizó que la certificación se ha dejado en manos de particulares, “aunque son asociaciones civiles que tienen un objeto social de no lucro, pero al fin y al cabo hay un pequeño coto de poder, aquí lo que se debe hacer es que esta certificación la haga la Secretaria de Educación Pública”.

De acuerdo a la propuesta que se ha presentado en el Senado de la República por parte José Narro Céspedes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es que este proceso de certificación regrese a manos del Estado mexicano por lo que se pretende reformar los artículos 81 y 272 bits de la Ley General de Salud en materia de certificación profesional.

La iniciativa propone que sea la Secretaria de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección General de Profesiones quien se encargue de vigilar el ejercicio profesional de los doctores y sea la conexión ente el Estado y los colegios de profesionistas de especialidades médicas y de posgrados en áreas de ciencias médicas.

“El objetivo de la iniciativa es eliminar de una vez y por todas las atribuciones que arbitrariamente se le otorgaron a una asociación civil supuestamente sin fines de lucro denominada Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, que a todas luces se formularon con toda la intención de generar un negocio para beneficio económico de un grupo médicos que se han apropiado de las certificaciones y recertificaciones que permiten el ejercicio profesional de los médicos especialistas”, se lee en la iniciativa presentada por Narro Céspedes.

El abogado Fernando Crespo abundó que son dos cosas muy distintas el tema de la certificación contra la objeción de conciencia que es lo que tienen este grupo de médicos, por lo que confío en que la SCJN pueda analizar y dar un fallo al respecto.

EXIGEN QUE SEA EL ESTADO EL QUE OTORGUE LA CERTIFICACIÓN

Médicos pediatras también denunciaron que la Conacem, encabezada por Onofre Muñoz Hernández, pretende establecer un proceso de certificación médica sin dar cuenta al gobierno federal, en este caso a la SEP.

El ex presidente del Colegio de Pediatría de la Ciudad de México, Víctor Sánchez Michaca, explicó que esta es una obligación que el Estado ha descuidado y que no puede quedar en manos de asociaciones civiles, “por lo que debe estar supervisado por una institución oficial, ya que son los únicos que pueden llevar a cabo eso para evitar abusos y arbitrariedades”.

“Se deben de respetar los mecanismos, ya que no podemos estar certificándonos y recertificandonos con una institución que no es oficial y esto es un acto abusivo porque lo dejan al arbitrio y a las decisiones personales del grupo que conforma la Conacem”.

Sánchez Michaca reitera que la puntuación es arbitraria, ya que ellos la deciden y la asignan “si que participe nadie más; este es un abuso y un gran negocio que no tiene porque estar por encima de la ley y afectar a los profesionistas”.

En tanto, Pedro Toxtli Riquelme, ex presidente del Colegio de Pediatría de Puebla e integrante del Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría, aseguró que la Conacem ha realizado cobros que no están regulados por ley.

“Cobran por el examen de certificación o la recertificación y dan un diploma por cinco años. El costo va de los 5, 10 o 30 mil pesos y lo que no se sabe es a dónde va ese dinero”.

Toxtli Riquelme sostiene que un recién egresado “esta fresco” de conocimientos y la experiencia la ganara con la práctica.

“No tiene por qué presentar un examen de certificación, si la Universidad y el hospital donde fue residente lo aprobaron, es el Estado quien debe de otorgar la cédula de especialidad y que sean la SEP y el Colegio de especialidad quienes renueven los documentos de recertificación”.

Los médicos confiaron en que sea lo más pronto posible la regulación a este tipo de prácticas que sólo están generando que cientos de jóvenes que salen de las Universidades y de médicos que ya están en activo no puedan acceder a puestos de trabajo debido a que necesitan forzosamente el diploma que otorga la Conacem.

Por último, demandaron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomar las medidas pertinentes y evitar con ello que se den casos de corrupción en un mecanismo que fue instaurado en el mandato de Felipe Calderón, el de dejar que sean asociaciones civiles las que certifiquen al personal médico, dejando de lado las atribuciones del Estado.

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