Descartan orden de captura contra Robles

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La Fiscalía General de la República (FGR) y distintas autoridades judiciales informaron a un juez federal que no existe ninguna orden de aprehensión contra Rosario Robles, quien está citada este jueves a comparecer a una audiencia de imputación por el caso de la Estafa Maestra.

Al no existir un mandato de captura del que deba ser protegida, por un asunto distinto al de su cita de mañana, Patricio Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal en la Ciudad de México, le negó la suspensión definitiva que había solicitado en una demanda de amparo.

«Se niega a Rosario Robles Berlanga la suspensión definitiva que solicitó, de los actos y autoridades precisados», resolvió el juez, según la lista de acuerdos publicada este miércoles.

En virtud de lo anterior, el juez también puso a disposición de la ex titular de la Sedatu el billete de depósito número N 076882 del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), con el cual había garantizado 69 mil 500 pesos para que estuviera vigente la suspensión provisional que le fue otorgada en un principio.

Robles promovió esta demanda de amparo para tener conocimiento de una posible orden de aprehensión por un delito diverso al que pretende imputarle la FGR en la audiencia que este jueves tendrá lugar en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

Lo hizo pues existen más de 23 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación ante la FGR por el caso de la Estafa Maestra y hasta el momento no se sabe formalmente si la ex funcionaria está relacionada a alguna de ellas.

Al admitir el amparo, el juez Vargas Alarcón pidió a la FGR y a distintos juzgados de distrito que le informaran por escrito si existía una orden de aprehensión contra la ex secretaria de Estado.

Al ser negativa la respuesta, el juzgador negó la suspensión indefinida porque no hay un mandamiento de captura del que deba ser protegida.

La ex Secretaria ha manifestado públicamente que se presentará a la comparecencia para enfrentar la imputación por el delito de ejercicio indebido del servicio público, el cual no amerita la prision preventiva oficiosa.

(Con información de Reforma)

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