FGE de Edomex despoja a familias de predio

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Afuera del predio en litigioLa Pedrera, ubicado en la ex Hacienda del Pedregal en el municipio mexiquense Atizapán30 familias mantienen un campamento luego de que hace más de nueve meses fueron desalojadas “con violencia” por elementos de la Fiscalía del Estado de México del Gobierno de Alfredo del Mazo Maza, para “entregarle la posesión de forma irregular” a la inmobiliaria Expectras (Grupo Homex), de acuerdo con el seguimiento del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

“Fue un desalojo ilegal, poniéndole las armas hasta a los niños”, evocó Verónica, una integrante de la Alianza Única del Valle que vive en la calle desde el desalojo registrado el 30 de noviembre pasado. “Psicológicamente y moralmente sí nos destruyeron”. María Guadalupe afirmó que después de escuchar “balazos al aire” aquel viernes, su hija de 7 años “tenía el arma en la nuca”.

La Alianza Única del Valle, conformada por los afectados, y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva su defensa legal, señalan como responsables al Fiscal del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez; al Fiscal regional de Tlalnepantla, Leopoldo Millán Salgado; y a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía regional de Tlalnepantla, Ivonne Sámano Segura, quien encabezó a un grupo de policías ministeriales de Atizapán durante el desalojo sin orden judicial de por medio.

Este miércoles 4 de septiembre se realizó una audiencia ante un Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla para revisar la actuación de los agentes ministeriales durante el desalojo. No acudió la agente ministerial señalada, Ivonne Sámano, sino otros agentes quienes afirmaron que las familias desalojadas no tienen pruebas de que habitaban en el predio o que sea de su propiedad.

“Lamentablemente la Jueza se limitó a decir que si el Ministerio Público no reconoce la personalidad jurídica a los vecinos de la Pedrera entonces no se les da, por lo cual estamos preparando los recursos legales ante esa determinación”, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, tras la audiencia celebrada por la mañana.

GOBIERNO Y FISCALÍA DE EDOMEX NIEGAN ACUSACIÓN

El área de comunicación social del Gobierno del Estado de México de Alfredo del Mazo aclaró a SinEmbargo que el Gobierno estatal “no tiene nada que ver con este predio” ni promovió ningún juicio contra las familias desalojadas.

“Si estamos hablando de un tema judicializado, un juicio, un desalojo, sí están obligadas estas autoridades, tanto policía estatal como la Fiscalía estatal, a participar a solicitud u orden de un Juez. No es una instrucción del Gobernador”, dijo el vocero Jorge Alberto López.

El litigio civil del predio, agregó, “es un tema federal de Nacional Financiera” y del Gobierno municipal de Atizapán, encabezado por Ruth Olvera Ruiz (Morena-PES-PT) desde diciembre de 2018, cuyo equipo se ha reunido con esta instancia del Gobierno federal para dar seguimiento.

Desde 2016 el predio está en litigio civil entre la Alianza Única del Valle y la institución federal Nacional Financiera, la cual, según el CDHZL, aparecía en ese momento como propietaria ante la Instituto de la Función Registral del Estado de México.

Los vecinos buscan obtener la propiedad y desarrollar vivienda de interés social “desde la perspectiva de una organización, no como inmobiliaria”, dijo su defensa legal del CDHZL Antonio Lara Duque, porque “en la lógica de las inmobiliarias de ver la vivienda como lucro, el área verde no es más que un desperdicio para la construcción de más casas”.

“El señalamiento categórico que se ha hecho no es que exista una orden judicial del Gobernador. Eso es claro”, expuso el abogado Lara Duque.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México se ha comportado totalmente a los servicios de los intereses de esta empresa [Expectras]. Utilizó un grupo de agentes ministeriales, acompañados por civiles armados, para por la fuerza y con uso de violencia desmedida sacar a los habitantes del predio La Pedrera de sus respectivos hogares para después poner un sello de aseguramiento”, afirmó sobre el desalojo que incluyó a niños, mujeres y ancianos.

“Lo sorprendente es que los agentes ministeriales dijeron que el predio estaba baldío, pero la misma inmobiliaria reconoció que había gente habitando el lugar. A la fecha, la Fiscalía se ha negado a recibir los datos de prueba con las que los vecinos acreditan que han habitado ese predio desde hace 13 años”, aseveró Lara Duque.

El área de comunicación social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México respondió a este diario que “rechaza tajantemente actuar a los servicios de alguna empresa, y reitera que se ha conducido con estricto apego a derecho en el asunto señalado”.

Expuso en una ficha informativa que recibió una denuncia por “posible invasión” del predio La Pedrera, por lo que realizó inspecciones en el lugar y solicitudes sobre el estado registral. Ante los datos, se acordó “el aseguramiento” de los inmuebles, donde habitaban las familias, y quedaron bajo custodia de la Policía municipal.

El 12 de abril pasado, compareció ante el Ministerio Público el apoderado de la inmobiliaria Expectras para presentar cuatro impresiones sobre las inscripciones del registro público de la propiedad expedidas por el Instituto de la Función Registral del Estado de México.

“Al no contar con pruebas que señalen alguna ilegalidad en la posesión de predio, se le dio en depósito”, expuso la Fiscalía estatal.

Más de nueve meses después del desalojo, las 30 familias viven en la calle en “guardia permanente”, debido a que el campamento ha sido “constantemente acosado por policías ministeriales y personal de seguridad privada”, comentó su defensa legal Antonio Lara.

Las familias han pagado el predial del predio La Pedrera, ubicado en la zona de El Pedregal caracterizada por sus amplias áreas verdes.

José Rodríguez, integrante de la Alianza Única del Valle, recordó que en mayo de 2018 esta organización vecinal interpuso diversas denuncias ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México por la tala y destrucción de la zona boscosa de esta región mexiquense, por lo que se cancelaron esas labores de manera definitiva.

(Con información de Sin Embargo)

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