Hablan Durazo y abogado de PFs; no hay acuerdo

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A la par de la protesta de policías federales en las inmediaciones del AICM, el abogado de los inconformes Enrique Carpizo se reunió este viernes con el Secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo en un hotel cercano a la Torre Pedregal, sin avances en las negociaciones.

Hasta el momento la dependencia no ha otorgado a los policías rebeldes una respuesta que satisfaga a los federales que se resisten a transferirse a la Guardia Nacional.

A la reunión, se indicó, asistieron Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la mesa el abogado de los Policías con Dignidad Valor y Justicia no tuvo una respuesta fija sobre el pago de indemnizaciones, que es el punto principal de los rebeldes.

Tras de dos meses manifestaciones ante la Secretaría de Gobernación, Palacio Nacional, la Comisión Nacional de Seguridad, el Centro de Mando de la Policía Federal, el Ángel de la Independencia, la CNDH y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los federales no han obtenido una respuesta a sus demandas.

El abogado Indicó ayer que con el fin de que se respete el derecho a la indemnización, previsto en los artículos 43 fracción IV, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en armonía de la fracción IX, del apartado B, del numeral 123 de la Constitución Federal, del sexto transitorio de la Ley de Guardia Nacional.

Y del artículo 3o, fracción III, del Acuerdo por el que se creó la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se logró una mesa de diálogo para plantear diversas irregularidades suscitadas al interior de la Policía Federal.

«Sin embargo, van más de ocho reuniones sin que se hayan puesto por escrito los acuerdos tomados con el Subsecretario Mejía Berdeja y su equipo de colaboradores», indicó ayer.

«Los acuerdos en cita versan sobre el derecho a la indemnización que constitucionalmente corresponde a quienes no desean alguna de las alternativas laborales ofrecidas por AMLO o pasarse a la Guardia Nacional, sin olvidar el pago de gastos de representación jurídica y el pago de los daños y prejuicios ocasionados a quienes de manera obligatoria tuvieron que ejercer su derecho a la defensa debido al número elevado de violaciones a sus derechos humanos».

Añadió que al día de hoy existen más de 1800 solicitudes de indemnización presentadas ante la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las cuales no han sido atendidas.

(Con información de Reforma)

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