Niega secretaria del Trabajo conflicto de interés con su padre

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La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Lujánnegó que exista conflicto de interés con su padre, el laborista Arturo Alcalde Justiniani, quien “no tiene -ni ha tenido- ningún vínculo, relación, o participación alguna en las huelgas en Tamaulipas”.

La funcionaria recordó que el 1 de febrero pasado se publicó una nota en la que aparece una fotografía de su padre junto a Susana Prieto, abogada de Ciudad Juárez, y quien está involucrada en las huelgas de Matamoros.

En un comunicado, señaló que esa publicación “desató el rumor de que mi padre tenía relación en las huelgas de Matamoros y con dicha abogada, lo cual es falso“.

Desde entonces, expuso, se aclaró públicamente que la fotografía había sido tomada en diciembre de 2017, en el marco de un foro de abogados laboralistas que se realiza cada año en la ciudad de ChihuahuaChihuahua.

Precisó que desde hace 45 años su padre ha sido asesor de diversos sindicatos, entre los que figuran el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACH).

Indicó que si bien sigue siendo uno de los ocho asesores de esas organizaciones gremiales, se asentó en la propia audiencia de ratificación de huelga su decisión de no participar desde el inicio del conflicto.

En ese sentido, manifestó que de acuerdo con sus facultades y atribuciones legales, la STPS no dicta resolución alguna en conflictos laborales, ya que sólo participa en las negociaciones como ente conciliador.

“En la Ley General de Responsabilidades Administrativas no existe disposición que señale algún impedimento para que mi padre pueda seguir desempeñándose en su labor profesional”, precisó Alcalde Luján.

Añadió que en el supuesto de que hubiera un caso en la STPS en el que tuviera que intervenir de manera directa, habiendo alguna posibilidad de conflicto de interés, “tendría que excusarme para conocer del asunto”.

Tal proceder es una obligación que se encuentra estipulada en la norma vigente y es aplicable para todos los funcionarios de la Administración Pública Federal, concluyó.

(Con información de la Razón de México)

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