Se dobla FGR ante ‘Estafa’

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La Fiscalía General de la República (FGR) desistió de perseguir a dos importantes acusados de desfalcos de recursos públicos de Sedesol y Sedatu en el sexenio anterior.

Se trata de Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuestación de la Sedatu, y de Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la Unidad de la Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, ambos subordinados del oficial mayor de ambas dependencias en periodos distintos, Emilio Zebadúa.

Dichos ex funcionarios fueron perdonados por un juez quien no les encontró responsabilidad en las redes de estafa a las dependencias.

Aún cuando la Fiscalía podía impugnar las resoluciones del juez para insistir en su culpabilidad, la dependencia desistió.

El juez Fernando Payá Ayala determinó no vincular a proceso a de León Mojarro por uso indebido de atribuciones y facultades, y a Báez por ejercicio indebido del servicio público, al estimar que el Ministerio Público no ofreció los datos mínimos suficientes de los hechos con apariencia de delito.

Así es que la PGR, hoy Fiscalía, no solo falló en la documentación de los desvíos sino que renunció a su derecho de apelación. Autoridades federales confirmaron que la Fiscalía no apeló los fallos porque revisa las carpetas de investigación para valorar un replanteamiento de las acusaciones.

Ambos ex funcionarios son, hasta ahora, los únicos que fueron imputados y que de momento no están bajo proceso en el caso de la estafa que fue orquestada mediante contratos a universidades por servicios que nunca fueron prestados y en los que incluso fueron falsificadas firmas.

El caso de Báez Álvarez es más delicado pues a él también lo señalan como implicado en la falsificación de firmas de otros funcionarios. Las rúbricas apócrifas fueron utilizadas para contratar servicios de manera fraudulenta.

Uno de esos casos de firma falsificada, es el de Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Sedatu en la gestión de Rosario Robles, quien fue vinculado a proceso por desvío de 185 millones de pesos en un contrato con la Universidad Politécnica de Hidalgo. González Tiburcio presentó una demanda de amparo en contra de su vinculación a proceso.

Miguel Ángel Aguilar López, magistrado del Primer Tribunal Unitario, admitió el recurso de garantías de González Tiburcio y acordó celebrar este martes la audiencia constitucional donde podría dictar sentencia dándole razón en su reclamo.

(Con información de Reforma)

 

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