Urgen a Sheinbaum protección a Congreso

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Coordinadores de seis grupos parlamentarios de Cámara de Diputados exigieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México que garantice accesos al recinto legislativo, porque es su responsabilidad constitucional proteger las sedes de los Poderes de la Unión.

Por medio de un comunicado conjunto, los coordinadores del PRI, PAN, PES, MC, PRD y PVEM reclamaron que el Gobierno capitalino no ha desplegado ningún operativo para impedir que grupos sociales bloqueen por completo los accesos al Palacio Legislativo.

Los diputados aclararon que no piden uso de la fuerza ni reprimir a ningún grupo, sino que se proteja la integridad del recinto, de legisladores, empleados y los niños de la guardería interna.

«Exigimos a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que asuma su responsabilidad constitucional. Es necesario aclarar que no estamos solicitando el uso de la fuerza pública para reprimir a manifestación alguna.

«El Gobierno de la Ciudad de México está obligado a garantizar tanto el derecho de manifestación como el de libre tránsito y acceso a lugares de trabajo de los ciudadanos», advirtieron.

Los diputados le recordaron a Sheinbaum cuáles son sus obligaciones.

Citaron que el artículo 122, apartado B, de la Constitución, señala que el Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital del País y sede de los Poderes de la Unión, «garantizará, en todo tiempo y en los términos de este artículo» las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales.

Ayer, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó los accesos a la Cámara, logró que se suspendiera la sesión y liberó la salida de legisladores, personal y niños luego de 7 horas.

Los seis coordinadores parlamentarios expresaron a Sheinbaum que nadie puede, amparado en la defensa de sus intereses personales o de grupo, impedir que los Poderes de la República funcionen libremente y cumplan su función constitucional. «La Cámara de Diputados, expresión de la pluralidad democrática y diversidad del País, debe funcionar con la más amplia libertad y en condiciones de seguridad», exigieron a la Jefa de Gobierno.

Con base en los artículos 11 y 61 Constitucional, señalaron que la Cámara de Diputados plantea que, por igual, es necesario proteger el derecho al libre tránsito y la inviolabilidad del recinto legislativo de San Lázaro.

«El Gobierno de la Ciudad debe resguardar una calle o avenida para permitir y garantizar el acceso y salida de trabajadores, empleados y legisladores (y niñas y niños del Cendi) sin que eso implique reprimir a nadie.

«Ningún poder público debe actuar bajo la presión, el insulto o el chantaje de facciones sindicales. Las y los legisladores debemos privilegiar el interés de la Nación y el interés superior de las niñas, niños y adolecentes de México tal y como lo establece el articulo 3 constitucional», expusieron los legisladores.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática, condenaron la falta de condiciones de seguridad en la Cámara de Diputados y la falta de mínimas garantías para el ejercicio de las labores legislativas no sólo ayer, sino desde el martes pasado.

Aunque ha habido un Parlamento Abierto para atender propuestas en las leyes secundarias de la reforma educativa, señalaron, dos grupos han tomado las instalaciones.

El pasado 10 de septiembre de 2019, grupos relacionados con facciones sindicales de la CNTE y del Comité Nacional de Asesores Técnico Pedagógicos se instalaron en los accesos del recinto con la finalidad de bloquearlos y no permitir el ingreso o salida de las y los Diputados, así como los trabajadores parlamentarios.

Ayer, la CNTE ya no permitió el acceso, indicaron.

«Los coordinadores y la coordinadora enfatizamos que, si bien la Cámara de Diputados reconoce el legítimo derecho de las y los manifestantes a expresar su inconformidad, estos no tienen derecho a violentar los derechos de libre tránsito y de trabajo de miles de trabajadores, empleados y legisladores, niños y niñas del CENDI, ni a paralizar las funciones de un Poder de la Unión.

«Rechazamos cualquier tipo de criminalización de las protestas públicas pacíficas. Pero no podemos aceptar ni permitir que el ejercicio del derecho de libre manifestación pase por violentar los derechos constitucionales que otros miles de ciudadanos también tienen», señalaron.

(Con información de Reforma)

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