Fiscalía para la Desaparición forzada, cumplió un año, pero sin consignar un solo caso

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La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, dependiente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), cumple más de un año y a la fecha no ha realizado ninguna consignación por el delito de desaparición forzada; es decir, no ha solicitado al Poder Judicial una orden de aprehensión en alguno de los más de mil expedientesabiertos.

El titular de ese organismo, Abel Galván Gallardo, se mantiene al frente con opiniones dividas, entre críticas y con votos de confianza por parte de familiares de víctimas.

La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada es la unidad “encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con los delitos señalados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor en enero de 2018”, según se estableció en el Diario Oficial de la Federación, tras su creación.

Previamente era la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR y nació en 2013 por la exigencia de familiares de personas desaparecidas. A partir del 16 de febrero, la Procuraduría dio a conocer el acuerdo de su conformación como Fiscalía especializada para investigación, ello como parte de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, promulgada a finales de 2017.

La Fiscalía está adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, y su titular tiene la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación; dicho encargado puede ser designado y removido libremente por la persona al frente de la Procuraduría General de la República, que hoy es la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, esta dependencia no ha consignado ni un expediente; es decir, no ha solicitado ni una sola orden de aprehensión por desaparición forzada como parte de sus investigaciones.

José René Gómez Mendoza, titular de la Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía de Desaparición de la ex PGR, informó que tienen al menos 756 averiguaciones previas abiertas y al menos 300 carpetas de investigación en proceso.

El funcionario explicó que los casos abiertos van desde la década de 1970, que son los menos hasta expedientes de años recientes. “El periodo en que se han recibido es muy alto, tenemos asuntos del pasado y también nuevos. La mayor carga de trabajo proviene de 2016″, respondió el funcionario a pregunta expresa.

Gómez Mendoza externó que la nula consignación de expedientes se debe a la complejidad del delito de desaparición forzada en su configuración dentro del tipo penal y por la forma en que la Fiscalía Especializada, cuando era Unidad de Búsqueda” atendía los casos, en donde las acciones estaban enfocadas a “la búsqueda” y no la investigación.

“Todo lo que se refería a la investigación del delito se dejaba en un segundo plano, el esfuerzo se concentraba en la localización, y esa práctica persistió hasta que se convirtió en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el año anterior. […] las diligencias estaban enfocadas a la búsqueda, pero no hemos detectado diligencias de fondo para determinar quiénes son los responsables, cuáles eran los patrones de actuación y, sobre todo, qué sigue con los ministerios públicos”, explicó.

El funcionario también destacó que el recurso humano es escaso en la institución, pues la mayoría de los ministerios públicos están concentrados en las delegaciones ante la mayor incidencia en otros delitos.

“Para formar un agente del MP, y a pesar de que se hacen las convocatorias, la enorme mayoría se concentra en las delegaciones que es en donde está la enorme mayoría de los asuntos de la Procuraduría […] la fuerza ministerial está concentrada en las delegaciones, las unidades especializadas como lo es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y nosotros, en Derechos Humanos, recibimos los menos porque la incidencia delictiva es menor, aunque nosotros tenemos los casos más graves y los que tienen un mayor impacto en la sociedad, creo que eso nadie lo negaría”, argumentó.

“ENTRE AZUL Y BUENAS NOCHES”

“Abel Galván, a quien en algún momento le dimos nuestra confianza y lejos de ayudarnos, lejos de investigar a los malos elementos de la Marina se dedicó a criminalizarnos y a perseguirnos”, se escuchó en una sala de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, en diciembre pasado. El reclamo provenía de Raymundo Ramos, de la organización Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante la audiencia para analizar el caso de las 37 desapariciones en Tamaulipas.

Fue la primera audiencia donde estuvo presente el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, en representación del Estado y donde el Fiscal de desaparecidos recibió la dura crítica de los peticionarios ante la sede del organismo internacional.

Galván Gallardo fue designado desde hace un año, 2 de enero 2018, como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, de la Procuraduría General de la República (PGR).

Su nombramiento lo realizó Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, cuando se encontraba en funciones de Procurador interino de la PGR, en el último tramo del sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

“El Maestro Galván Gallardo tiene la encomienda del licenciado Alberto Elías Beltrán de llevar a cabo la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, hacia el interior de la Fiscalía Especializada”, establece el comunicado 003/18, emitido por la dependencia en este entonces.

El desempeño de Abel Galván al frente de la Fiscalía ha generado diferentes opiniones de colectivos y familiares de personas desaparecidas. algunos critican su actuación y la forma de atender los asuntos, mientras que otras organizaciones aprueban su función y le dan el voto de confianza, así como quienes optaron por calificar estrictamente los pocos resultados en consignaciones de la Fiscalía especializada.

La crítica de Raymundo Ramos se enfocó al titular de la Fiscalía, a quien ha desaprobado y lo ha acusado de criminalizar a las familias, así como a las personas desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas .

Por su parte, Yolanda Moran Isaís, representante de la organización Fundec, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, palomeó el en general de Galván Gallardo.

La activista indicó que el funcionario les ha mostrado disponibilidad y ha “dejado cambios sustanciales” y positivos.

“Hemos visto en el titular la disponibilidad para escuchar a las familias, ha hecho algunos foros, talleres, nos ha explicado bien el plan de trabajo que él tiene. Ya él metió el reglamento para trabajar, el Protocolo de Investigación, que estuvo en Espera del Protocolo Nacional de Búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda que nunca llegó, pero bueno él si tuvo el Protocolo de Investigación, estuvo trabajando con las familiares y ya puso, sobre todo el área de contexto”, opinó la activista.

La Unidad de Contexto de la Fiscalía que tiene como finalidad apoyar con la investigación de los agentes del Ministerio Público de la Federación en la definición de hipótesis de investigación, aspectos de inteligencia que coadyuven en la investigación, y el análisis criminológico de los delitos de desaparición forzada.

Mora Isais reconoció que hay varios pendientes y retos para la Fiscalía, pero consideró que las deficiencias han sido atribuibles a la falta de respaldo económico y político que ha tenido la Fiscalía especializada porque, destacó, no se han destinado los recursos materiales y humanos suficientes.

La integrante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos dijo que esperan que el nuevo Gobierno respalde al Fiscal de Desaparecidos, ya que, ellos como familiares le han dado un voto de confianza y hay muchas expectativas puestas en el funcionario.

“Él [Abel Galván] ya tiene una ruta de trabajo, un plan para este año, pero le hace falta todo su equipo y muchas cosas, y nosotros esperamos que se le respalde, a nosotros nos dio gusto que, hasta ahora, el licenciado Galván siga al frente. Trae muy buenos planes de trabajos y a nosotros nos gustaría que ahí permaneciera y que lo dejen trabajar y le den las herramientas porque, ¿cómo quieres que alguien te responda si no le das con qué?”, expresó.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización civil Idheas, que acompaña en litigio varios casos de desaparición forzada, consideró que la dependencia ha fallado en su deber, pues en términos cualitativos no hay resultados al no tener ninguna consignación.

“La Fiscalía de Búsqueda especializada de personas desaparecidas, en los últimos años especializada no ha cumplido con su labor: ni busca, ni investiga”, afirmó el defensor de derechos humanos.

Gutiérrez expresó que el incumplimiento podría ser un tema estructural en parte, pero también lo adjudicó a la falta de voluntad política de quien está al frente, “pero también pero también podemos pensar que es un tema de falta de voluntad política”, agregó.

Lucía Díaz Genao, fundadora y directora de Colectivo Solecito en Veracruz, calificó el desempeño de Galván como “modesto”.

La activista consideró que en la Fiscalía especializada de desaparecidos han tenido diversas limitaciones para su funcionamiento.

“No tienen los suficientes ministeriales que requieren, también le tocó iniciar con el Protocolo de Investigación. Yo creo que su desempeño pudo ser mejor si quizá hubiera tenido mayores recursos humanos y materiales”, dijo la defensora que ha destacado por su labor de búsqueda en el estado de Veracruz, donde se ubican las fosas clandestinas más grandes

Lucy Díaz coincidió con Yolanda en que el titular de la Fiscalía ha mostrado interés y ha generado algunos avances, como el plan de trabajo y el Protocolo, por lo que cree que cambiarlo sería un error porque, además de que afectaría en la continuidad de los avances que ya se han implementado, es un funcionario que “tiene potencial”, expresó.

“Creo que es una persona capaz y es responsable, tiene cosas muy buenas, cosas rescatables, entonces, ojalá se le ponga más empeño a esta área en específico y para que él pueda tener mejor desempeño, porque no todo depende de él”, puntualizó la activista.

De acuerdo con datos de la PGR, Abel Galván Gallardo se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con una Maestría de Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Xochicalco, en Baja California.

En su trayectoria dentro del sector público ha ocupado cargos como Subprocurador contra la Delincuencia Organizada, Visitador General, Director de Asuntos Internos y Contraloría y Agente del Ministerio Público, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, entidad donde también se desempeñó como Jefe Estatal del Departamento de Servicios Previos a Juicio, Vigilancia de Medidas Cautelares y Beneficios Judiciales.

En el Gobierno federal, fungió como Director de Certificación y Medios de Control de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), dependiente de la Secretaría de Gobernación y Director General Adjunto de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República.

En su currícula también se menciona que fue Asesor en el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia MSI México/Contratista en USAID y que es docente certificado por la entonces Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC); Conferencista en la Tercera Conferencia Regional de Norteamérica y el Caribe IAP, organizada por la Asociación Nacional de Procuradores Generales de los Estado Unidos de América (NAAG).

(Con información de Sin Embargo)

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