Preocupa a CNDH expansión de las Fuerzas Armadas en ámbito económico

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, calificó como riesgoso para la democracia el poder que el gobierno federal está concediendo a las fuerzas armadas para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública y se beneficien de las actividades aeroportuarias.

Si se les concede poder económico se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, nuestras Fuerzas Armadas dejen de tener incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil, manifestó el ombudsperson.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el domingo que las ganancias que se obtengan de la operación del nuevo aeropuerto de Santa Lucía serán para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que los recursos que se obtengan de la venta de las aeronaves serán para financiar la Guardia Nacional, el titular de la CNDH se dijo preocupado de esa expansión de la esfera de influencia de las fuerzas armadas, no sólo al ámbito de la seguridad pública, sino al económico.

Al participar en las audiencias públicas en materia de Guardia Nacional, convocadas por la Junta de Coordinación Política del Senado, González Pérez, afirmo que, como se plantea, la Guardia Nacional no garantiza justicia y marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles.

La naturaleza y características híbridas del cuerpo que se pretende crear, aseguró, más que dar certezas generará confusión y abrirá espacios de vulnerabilidad para su integración y operación, e implica un riesgo elevado de que se verifiquen potenciales violaciones a los derechos humanos.

Enfatizó que, desde la perspectiva de los derechos humanos, la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, ya que tampoco garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática, y contraviene sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir.

(Con información de el Heraldo de México)

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