La ultraderecha avanza en América Latina: ¿qué significa para el progreso social?

Por Jahir Santiago

El pasado viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia en medio de una de las polarizaciones más profundas que se recuerden en el país. Su llegada al poder no es un hecho aislado: se suma a una ola que ya gobierna en Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Bolivia y Perú. En apenas unos años, la derecha más dura ha pasado de ser una fuerza marginal a convertirse en la corriente dominante de la región.

El primer rasgo común de estos gobiernos es su incomodidad con los contrapesos democráticos. El caso más citado es el de Nayib Bukele en El Salvador, cuyo modelo de mano dura ha significado la suspensión de garantías judiciales básicas para decenas de miles de personas. El “efecto Bukele” se ha convertido en una plantilla exportable: prometer seguridad inmediata a cambio de debilitar los mecanismos que, precisamente, protegen a los ciudadanos del abuso de poder.

En Colombia, la propia ceremonia de posesión dejó una señal inquietante sobre hacia dónde puede orientarse este nuevo ciclo: un país que en su Constitución se declaró laico para evitar que la religión determine el rumbo del Estado, vio cómo el nuevo mandatario incorporó abiertamente ritos religiosos y alianzas explícitas con potencias extranjeras en su discurso inaugural. No es un detalle menor: cuando la frontera entre convicción personal y política de Estado se diluye, también se diluye la promesa de que las instituciones representan a todos, no solo a quienes comparten una fe o una visión del mundo.

Si hay un terreno donde el impacto de estos gobiernos ya es medible, es el del Estado de bienestar. Argentina es el ejemplo más contundente: el programa de austeridad de Javier Milei ha llevado a millones de personas a caer en la pobreza en apenas un par de años de gestión. Como advierten organismos como CLACSO, todo recorte al Estado social termina traduciéndose en más desigualdad, no en más eficiencia.

Esto no es casualidad, sino método. La ultraderecha suele presentar el desmonte de programas sociales como una cura contra el “gasto excesivo” o la “corrupción estructural”, pero en la práctica traslada el costo del ajuste a quienes menos tienen: trabajadores informales, jubilados, comunidades rurales.

Otro frente es el de los derechos conquistados por los movimientos feministas y de diversidad sexual en las últimas décadas. La agenda de género, el matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo son presentados por estos discursos como imposiciones ideológicas más que como derechos legítimos. En paralelo, en algunos países de la región crece un negacionismo preocupante sobre los crímenes cometidos durante las dictaduras del Cono Sur, lo que representa un retroceso simbólico y concreto en materia de memoria y derechos humanos.

Aunque la migración no tiene en América Latina la magnitud que tiene en Europa, buena parte de esta ola política ha encontrado en el migrante un enemigo útil. No es tanto el número real de personas que llegan, sino el miedo que se instala en el imaginario colectivo, lo que termina alimentando el respaldo electoral a estos proyectos. El resultado es que la conversación pública se desvía de los problemas estructurales (desempleo, desigualdad, violencia) hacia un enemigo fácil de señalar y difícil de defender.

Frente a este panorama, conviene resistir la tentación de responder con el espejo del extremismo contrario. La experiencia latinoamericana enseña que el progreso social duradero no ha surgido de la confrontación total, sino de la negociación, el diálogo institucional y los consensos amplios. Es ese espacio el que la polarización extrema, venga de donde venga, tiende a asfixiar primero.

El nuevo gobierno colombiano, elegido por apenas un punto porcentual de diferencia, es el ejemplo más reciente de una región dividida casi por la mitad. Solo el tiempo dirá si estos liderazgos gobiernan para construir puentes o para profundizar la grieta. Pero la evidencia acumulada en Argentina, El Salvador y Brasil ya ofrece una pista clara de hacia dónde tiende a moverse el péndulo cuando el poder se concentra sin control.