¡Justicia en pausa!

La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Howard Phillips Lovecraft

Arturo Suárez Ramírez / @arturosuarez

Ayer le daba cuenta de que se llevaría a cabo la audiencia para conocer el futuro jurídico de Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho, quien dio a conocer una historia de explotación sexual infantil en su libro Los demonios del Edén. Pues el asunto es que, al viejo estilo del PRI, se les cayó el sistema y la audiencia tendrá que ser reagendada.

Marín Torres se convirtió en un personaje tristemente célebre al verse involucrado en uno de los escándalos más vergonzosos de la política mexicana. El caso tiene dimensiones que recuerdan otros escándalos de abuso y explotación sexual, como los protagonizados por integrantes de la Iglesia católica en Boston o la red de Jeffrey Epstein, que involucró a personas de distintos ámbitos. En México, el caso de Lydia Cacho puso bajo el reflector las relaciones entre el poder político, los empresarios y las redes de explotación sexual infantil.

En ese contexto, Marín adquirió el sobrenombre de “góber precioso”, luego de que se difundiera un audio de una llamada con el empresario Kamel Nacif, quien lo llamó así. Desde entonces, el caso se convirtió en un símbolo de las dudas sobre el uso del poder para intimidar a quienes investigan y exhiben abusos. De eso sufrió Lydia Cacho, quien, a estas alturas, podemos decir que ha enfrentado riesgos enormes en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Después de aquellos hechos de 2005, cuando finalmente se esperaba avanzar hacia una resolución judicial por la tortura que sufrió la comunicadora, resulta que se les cayó el sistema. Así, sin más. La audiencia programada para el martes 20 de octubre fue aplazada por problemas técnicos con la plataforma de videoconferencias Webex. La defensa de Cacho intentó conectarse, pero la cuenta aparecía inhabilitada y no se pudo realizar la diligencia.

¿Casualidad, negligencia o simple incompetencia? No hay elementos para asegurar otra cosa que una falla técnica, pero el episodio resulta indignante cuando se trata de un proceso que lleva más de dos décadas sin una resolución definitiva. Marín ha buscado defenderse en los tribunales y modificar las condiciones de su proceso. Sin embargo, después de tantos años, la justicia debería avanzar y determinar las responsabilidades conforme a la ley.

El 3 de febrero de 2021, Mario Marín fue detenido en Acapulco, Guerrero, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra en 2019. Vaya que pasó tiempo antes de que las autoridades lo localizaran, sobre todo si recordamos que el caso llevaba años bajo el escrutinio público. Desde entonces, su situación jurídica ha estado marcada por diversas resoluciones judiciales y disputas sobre las condiciones de su proceso. Pero, aunque se posponga la audiencia, llegará el día de la resolución.

La periodista llevaba meses preparándose para esa audiencia, no solamente en lo jurídico, sino también en lo emocional. Esperaba estar frente a quien señala como responsable de ordenar su detención y tortura, como represalia por una investigación periodística que incomodó a empresarios y políticos. En lugar de avanzar, se encontró con una pantalla que le impidió ingresar a la diligencia. Todo esto ocurre cuando la justicia debería ofrecer respuestas, no más incertidumbre.

Lo ocurrido este martes deja otra pregunta sobre la mesa: ¿cuántas víctimas más enfrentan obstáculos semejantes cuando intentan acceder a la justicia? La falla de una plataforma puede parecer un asunto administrativo o menor, pero cuando impide una diligencia judicial después de tantos años de espera, sus consecuencias van mucho más allá de lo técnico.

Al “góber precioso” todavía le queda enfrentar la resolución judicial que corresponda. Para todos, una de las lecciones debería ser que ningún cargo, apellido o amistad está por encima de la ley. Después de tantos años, Lydia Cacho merece que las instituciones hagan su trabajo y que el proceso avance sin más retrasos injustificados… Pero mejor ahí la dejamos.

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