CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ajustará su presupuesto destinado a la organización de la elección judicial tras el recorte aprobado por la Cámara de Diputados, que redujo el monto solicitado de 13 mil 205 millones de pesos a 6 mil 132 millones de pesos, una disminución del 46%. Esta cifra deberá ser ratificada por la Comisión Temporal de Presupuesto y posteriormente por el Consejo General del INE.

 

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica es la más afectada por la reducción, pasando de un presupuesto inicial de 6 mil 830 millones de pesos a 2 mil 694 millones de pesos. Este departamento tiene la responsabilidad de contratar y capacitar a los supervisores y capacitadores electorales (CAE), quienes se encargan de reclutar y entrenar a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla. Con los recursos originalmente solicitados se planeaba contratar a más de 50 mil CAE, cifra que se verá reducida debido al ajuste presupuestal.

 

Otra área impactada es la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que verá su presupuesto disminuido de 4 mil 522 millones de pesos a mil 960 millones de pesos. Este recorte afecta directamente la logística y planeación operativa del proceso electoral.

 

El presupuesto ajustado aún debe ser aprobado en la Comisión Temporal de Presupuesto, integrada por Uuc-kib Espadas, Norma de la Cruz y Rita Bell López, consejeras cercanas a la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei. Sin embargo, las consejerías aún no logran un consenso para la aprobación, lo que ha generado retrasos en actividades esenciales como la estrategia de capacitación electoral. La convocatoria para la contratación y recontratación del personal de capacitación, que debía publicarse en días recientes, permanece detenida.

 

En total, el presupuesto del INE para 2024, que incluye su gasto base, cartera institucional de proyectos y el monto asignado para la elección judicial, será de 20 mil 136 millones de pesos. La aprobación final del presupuesto modificado determinará los recursos disponibles para las tareas operativas y organizativas del proceso electoral judicial.