Ciudad de México. La batalla política subió de tono este miércoles luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusara al Instituto Nacional Electoral (INE) de intentar limitar su libertad de expresión por ordenar el retiro de publicaciones en las que calificó a Morena como “narcopartido”.
Moreno aseguró que la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE fue aprobada por unanimidad y adelantó que será impugnada, incluso ante instancias internacionales, al considerar que se trata de un acto de censura política.
“Perseguir palabras” en lugar de garantizar elecciones libres de la influencia del crimen organizado, fue uno de los reclamos lanzados por el dirigente priista, quien afirmó que mantendrá sus señalamientos contra Morena y sus acusaciones sobre presuntos vínculos entre política y delincuencia organizada.
El PRI respaldó la postura de su dirigente y calificó la medida como una “maniobra de intimidación política”, al tiempo que acusó al organismo electoral de limitar la crítica hacia el partido en el poder.
El conflicto ocurre en un escenario de creciente confrontación rumbo al proceso electoral de 2027, donde los partidos ya comienzan a marcar territorio. Mientras el PRI sostiene que la autoridad electoral busca silenciar a la oposición, el INE mantiene su papel como árbitro de las reglas de comunicación política.
El episodio vuelve a abrir un viejo debate: ¿dónde termina la crítica política y dónde comienza una acusación que puede afectar derechos o procesos electorales?
Por ahora, la disputa dejó claro que la contienda rumbo al 2027 ya arrancó… aunque todavía no haya boletas en las urnas.
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