El Estado censor

Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO

La reciente presentación del Anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, sometido a consulta pública hasta el 21 de agosto, ha reactivado un debate fundamental en el ecosistema informativo. A simple vista, la iniciativa promovida por la autoridad reguladora asegura buscar la tutela de derechos constitucionales reconocidos: acceso a información veraz, pluralidad, derecho de réplica y diferenciación estricta entre periodismo y opinión. Nadie en su sano juicio defendería el engaño sistemático o la propaganda disfrazada de noticia. Sin embargo, el problema no radica en la finalidad del documento, sino en la naturaleza punitiva del instrumento. La pregunta es ineludible: ¿hasta dónde debe intervenir el Estado para garantizar información de calidad sin convertirse en censor del periodismo libre?

En esencia, el anteproyecto exige a los concesionarios distinguir de manera explícita y formal cuándo transmiten hechos objetivos y cuándo ofrecen interpretación o análisis. La propuesta incorpora facultades de supervisión, monitoreo y sanción administrativa —con multas que podrían ir del 0.1% al 1% de los ingresos acumulables de un medio— en caso de no acatar los fallos. Al hacerlo, traslada una cuestión de mediación y ética profesional al terreno del castigo burocrático. Aquí es donde la narrativa oficial falla estrepitosamente: al otorgar a sus agencias reguladoras la facultad de supervisar la veracidad de la información, el poder público se arroga el peligroso monopolio de decidir qué debe considerarse verdad factual y qué catalogarse como falsedad.

El momento genera suspicacias legítimas. El periodismo contemporáneo no funciona mediante compartimentos aislados; un reportaje de fondo requiere contexto, relacionar datos y formular preguntas. ¿Quién decide dónde termina el contexto periodístico y dónde comienza la opinión? Una investigación incómoda que contradiga las cifras oficiales podría ser calificada por la autoridad reguladora como “información descontextualizada” U “opinión no declarada”. Como bien ha advertido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la presión regulatoria constituye, en sí misma, una forma de censura indirecta. Cuando un medio sabe que sus emisiones son observadas bajo criterios jurídicos ambiguos, el resultado más probable no es un periodismo de excelencia, sino una profunda autocensura.

Merece una lectura más cuidadosa la asimetría en la que incurre el propio aparato estatal. Resulta paradójico exigir a los medios privados una pureza informativa inmaculada, cuando los canales públicos operan, cada vez con menos pudor, como plataformas de difusión ideológica y defensa sistemática de las políticas oficiales. Incluso, si estas reglas son tan urgentes para proteger a la ciudadanía, cabría cuestionar si deberían aplicarse también a otras plataformas de comunicación. La respuesta oficial, que despacha el asunto sugiriendo que la audiencia puede simplemente decidir “no ver” la transmisión, devela una enorme contradicción: si la libertad de elección del espectador es suficiente para justificar el formato gubernamental, ¿por qué no habría de ser el mismo criterio para la prensa privada?

Lo que no queda claro es el afán tutelar de un sistema que asume a los ciudadanos como entes sin capacidad de discernimiento. A la par, el Estado mantiene una opacidad sistemática en la asignación de la publicidad oficial, utilizada históricamente como un mecanismo de presión financiera. Exigir reglas draconianas a las redacciones mientras se oculta el flujo del dinero público hacia la comunicación social rompe cualquier equilibrio institucional. La independencia editorial no sobrevive únicamente resistiendo multas administrativas, sino garantizando que el financiamiento estatal no funcione como un sistema de premios y castigos.

Finalmente, el riesgo mayor es que esta embestida regulatoria sirva como una calculada cortina de humo. No podemos permitir que estas discusiones nos distraigan de la desbordada crisis de violencia territorial, o de los severos cuestionamientos de colusión que pesan sobre figuras clave en los estados. Cuando un gobierno invierte más energía en fiscalizar la crítica periodística que en perseguir a la criminalidad o rendir cuentas de sus omisiones, el problema deja de ser de lineamientos legales y se convierte en uno de vocación democrática. Porque cuando el poder político decide qué es verdad y qué puede decirse, la libertad deja de ser un derecho y se degrada a un simple permiso burocrático.

APUNTES CLAVE:

AGENDA: La Cámara de Diputados analizará 19 iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal durante el próximo periodo ordinario. La agenda incluye temas como inteligencia artificial, combate a la corrupción, el Paquete Económico 2027, seguridad, salud, movilidad, medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas. Además, continúa la consulta pública sobre los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, que contempla información veraz, derecho de réplica, separación entre noticias, opinión y publicidad, así como medidas de protección para niñas, niños y personas con discapacidad. //IA: La suspensión de los resultados de admisión de la UNAM por presuntas irregularidades tecnológicas generó incertidumbre entre miles de aspirantes y reabrió el debate sobre la seguridad digital. La diputada Gabriela Jiménez pidió esclarecer las anomalías y fortalecer las reglas para el uso de herramientas digitales e Inteligencia Artificial, con el objetivo de proteger la equidad, el mérito académico y la transparencia en los procesos de evaluación. //FEMINICIDIO: El Senado avanzará en la creación de una Ley General contra el Feminicidio, con el objetivo de unificar las penas y los criterios de investigación en todo el país. La propuesta busca evitar que la justicia dependa de la entidad donde ocurrió el delito y establecer un protocolo nacional para investigar toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género. //EXAMEN: La UNAM aplicará un examen presencial de control tras detectar el uso de inteligencia artificial para cometer fraude en el proceso de ingreso a licenciatura 2026. La nueva evaluación buscará garantizar equidad y certeza en la asignación de lugares. El resultado de esta prueba será el único criterio para definir el ingreso definitivo.