La Fiscalía de Jalisco solicitó orden de aprehensión y ficha roja a Interpol contra el magistrado de Jalisco, José de Jesús Covarrubias, acusado por varias de sus alumnas de acoso y abuso sexual. El abogado no acudió a una audiencia que tenía programada para este 2 de febrero, argumentando estar contagiado de Covid-19.

El abogado Oscar Díaz, representante de una de las menores agredidas, destacó que el inculpado intentó de todo, desde el lunes por la tarde, para no comparecer ante la autoridad y ya antes había hecho lo mismo en otro juicio que se interpuso en su contra en un juzgado familiar.

“La semana pasada que tuvo una audiencia en un juzgado familiar de la primera demanda de reconocimiento de la paternidad de los hijos que tiene con la señora Blanca, señalaron una audiencia de conciliación y no fue. Ahora pretendió que se difiriera la audiencia del día de hoy y presentó un documento bastante apócrifo donde dice que tiene Covid-19, pero la juez no le compró su argucia y le dijo que ese no era motivo para diferir la audiencia y que debería presentarse”.

La noche del lunes, los abogados interpusieron el recurso de revocación que la juzgadora resolvió el miércoles por la mañana, muy temprano, negándole el derecho a ausentarse y en cambio le dijo que no había argumento alguno para ausentarse.

El abogado defensor indicó que el médico nunca aclaró si estaba en etapa de contagio, la prueba que presentó era de antígenos y no de PCR. Además no se detallaron los síntomas que tendría de su contagio.

El abogado coadyuvante con la Fiscalía expresó que: “se da por injustificada su inasistencia y la consecuencia es que el Código establece que hay que llevar pasar a las demás formas de llevar ante un juez, a un imputado, y lo que sigue es que se le emita una orden de aprehensión en contra, para que se le localice y se lleve mediante el uso de la fuerza pública, ante el juez que lo requiere”.

La Fiscalía de Jalisco asegura que el ex magistrado tiene los medios económicos y personales para huir de la justicia, por lo que se ha emitido ya la orden de aprehensión y una ficha roja ante la interpol, para evitar que salga del país.

El magistrado, en caso de ser imputado, tendría que enfrentar la prisión preventiva mientras se desahoga su juicio. Mientras que de ser hallado culpable, enfrenta una sanción que va de cinco a 12 años de prisión, por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.