La senadora Liz Sánchez, del Partido del Trabajo, respaldó una reforma al artículo 73 de la Constitución para combatir la extorsión, un delito que —dijo— “destruye la paz de miles de familias mexicanas”.
Durante su posicionamiento en el Senado, Sánchez subrayó que la extorsión ya es el tercer delito más frecuente en el país, solo por detrás del fraude y el robo, según datos del INEGI. Pero más allá de las cifras, remarcó que se trata de un crimen que provoca miedo, ansiedad y desconfianza, afectando a personas de todos los estratos sociales.
La reforma busca que el Congreso de la Unión tenga la facultad para crear una Ley General contra la Extorsión, con el objetivo de unificar criterios y sanciones en todo el país, acabando con las diferencias legales entre estados que hoy favorecen la impunidad.
“Este cambio envía un mensaje claro: no más territorios donde la extorsión se normalice”, afirmó. La nueva legislación también contempla prevención, atención a víctimas y uso de tecnología para combatir a grupos criminales, incluso desde los penales donde muchos operan.
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