La detención y posterior condena a 25 años de prisión por homicidio de cinco activistas indígenas en Chiapas, violó el derecho internacional, por lo que los afectados deben ser liberados e indemnizados, dictaminó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria.
La decisión del grupo de expertos, adoptada el 4 de abril pero publicada ahora, subraya que la detención en 2022 de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para remediar esto, el comité señala en su decisión no vinculante que las autoridades mexicanas deberían “poner a los cinco individuos inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
También conminan al Gobierno mexicano a investigar las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco indígenas y adoptar medidas contra los responsables de la violación de sus derechos.
Los sujetos del caso fueron detenidos a finales de mayo y principios de junio de 2022 por el homicidio de una persona en el municipio de San Juan Caucuc, retenida por pobladores que le exigían una “multa” para permitirle el acceso y que le golpearon al no poder pagar, lo que le causó la muerte horas después.
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