Transportistas agraviados exhiben las fallas de la Secretaría de Movilidad del Estado de México

*Por: Alejandro César Vázquez*

Valle de Toluca.-Ayer lunes 9 de noviembre justamente inicio de semana en la capital del Estado de México Toluca no fue un día normal amaneció un tráfico inusual por la movilización de transportistas inconformes que toman las vialidades para pedir justicia.

Desde antes de las ocho de la mañana, la calle de Lerdo de Tejada, frente a Palacio de Gobierno, comenzó a cerrarse de manera paulatina pero irreversible. No fue por un accidente, no fue por una obra pública, no fue por un operativo. Se cerró porque llegaron en caravana decenas de taxis blancos, de combis, de concesionarios con pancartas hechas a mano, con cartulinas que ya estaban arrugadas de tanto usarlas en otras protestas, con el rostro cansado de quien lleva años pidiendo lo mismo. El claxon se convirtió en protesta, el motor apagado se convirtió en mensaje, y la calle, que todos los días es paso obligado para miles de trabajadores, se convirtió en tribuna.

No era la primera vez que los transportistas tomaban Lerdo. Era, para los que llevan años en el volante, una más de las muchas veces en que tuvieron que paralizar para ser escuchados, una más de las veces en que tuvieron que dejar de trabajar para exigir que los dejen trabajar en paz, una más de las veces en que el diálogo de escritorio no sirvió y tuvieron que recurrir al diálogo de la calle, que es el único que, dicen, la autoridad sí entiende.

Los manifestantes del Valle de Toluca llegaron con dos exigencias concretas que vienen arrastrando desde febrero de 2024 y que, a pesar de oficios, reuniones, mesas de diálogo y promesas, siguen sin resolverse: la entrega de sus títulos de concesión, atorados en la Secretaría de Movilidad, y el rechazo a la llamada concesión única, el nuevo modelo que pretende concentrar en una sola concesión a toda una empresa, a toda una ruta, a todo un patrimonio colectivo.

Para un concesionario, la concesión no es un papel, no es un trámite, no es un permiso más. Es su patrimonio, es su jubilación, es lo que le va a dejar a sus hijos cuando ya no pueda manejar, es la garantía de que después de 20 o 30 años al volante no se va a quedar sin nada. Por eso, cuando la autoridad habla de concentrarla, el transportista lo lee como una amenaza directa a su futuro, como un despojo disfrazado de modernización. Si un solo socio comete una irregularidad, se pone en riesgo a toda la empresa. Si la concesión ya no es individual, el patrimonio de toda una vida queda en manos de la empresa y, en la práctica, en manos del dirigente que la controla, del líder que negocia, del grupo que tiene la relación con el funcionario en turno.

Pero lo que se vivió ayer lunes en Toluca no se entiende solo por la concesión única, no se explica solo por un trámite atorado. Se entiende por un hartazgo acumulado, por una cadena de agravios que los transportistas denunciaron en la calle y en las mesas de diálogo, y que se repiten, con distintos rostros pero con la misma raíz, en el Valle de Toluca, en el Valle de México y en el Valle Cuautitlán-Texcoco, tres regiones que comparten el mismo problema: un transporte que se maneja desde el escritorio y se padece en la calle.

*¿Quién es Juan Hugo de la Rosa?*

Para entender la protesta de ayer hay que entender quién está hoy al frente de la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Porque al gobierno del Estado de México no le ha ido muy bien en esa dependencia, y el cambio de secretario no resolvió el problema, lo heredó.

Juan Hugo de la Rosa García nació en Santiago Xiacuí, Oaxaca, el 2 de abril de 1958. Es un político de larga trayectoria en el Estado de México. Fue presidente municipal de Nezahualcóyotl en los periodos 2016 a 2018 y 2019 a 2021, y diputado federal entre 2006 y 2009, y de 2024 a 2026. Desde el 15 de enero de 2026 es secretario de Movilidad del gobierno del Estado de México, nombrado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. b086

Solicitó licencia como diputado federal el 9 de enero de 2026 y el 15 de enero fue nombrado secretario. Es decir, llegó a Movilidad no como técnico del transporte, sino como operador político, como cuadro de confianza, como ex alcalde de uno de los municipios más grandes y conflictivos del país.

Los transportistas agraviados aseguran que ha destacado por su incapacidad para resolver los problemas del sector y que, no obstante venir de una clase humilde, pretende seguir impulsando a su hija en la política. Que impulse a su hija, dicen los denunciantes, no tiene nada de malo en la política, porque en la política todos tienen derecho a impulsar a su familia. Lo malo es que ocupe el corporativismo y las células delictivas que están dentro de los mismos líderes, no solamente en el Valle de Toluca sino en el Valle de México y en el Valle Cuautitlán-Texcoco.

No son todos los líderes, aclaran los inconformes. Pero sí son, afirman, los que tienen línea directa con funcionarios. Los que negocian. Los que cobran. Los que presionan.

Y aquí está el punto que los manifestantes repiten: Juan Hugo de la Rosa no llegó a limpiar Movilidad. Llegó a administrar el mismo sistema que dejó su antecesor, con los mismos pseudo dirigentes, con los mismos “chupos”, con la misma estructura corporativa.

*El antecesor: Daniel Andrés Sibaja González y la boda que rompió la austeridad*

El antecesor de Juan Hugo fue Daniel Andrés Sibaja González, originario de Ecatepec de Morelos, Estado de México, quien sirvió como Secretario de Movilidad del Estado de México desde el 16 de septiembre de 2023, en la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. e353

Su gestión, dicen los transportistas, fue la que dejó el transporte en crisis. Y su salida no fue por un buen resultado, fue por un escándalo que exhibió la doble moral del gobierno.

En noviembre de 2024, siendo secretario de Movilidad, Sibaja celebró una boda cuya ostentación provocó una polémica nacional. En medios y redes se atribuyó al festejo un costo cercano a cinco millones de pesos. 308b

El festejo se realizó en la Hacienda de San Carlos Borromeo, en Xochitepec, Morelos, y de inmediato contrastó con el discurso de austeridad republicana de la Cuarta Transformación (4T). La propia presidenta Claudia Sheinbaum fue interrogada sobre el caso y respondió reivindicando la austeridad y la necesidad de predicar con el ejemplo, de vivir en la justa medianía.

El problema, como lo plantearon los transportistas y la opinión pública, no fue solo el gasto. Fue el dispendio. Fue que un funcionario que había aprobado como diputado local la reforma en materia de austeridad, que ganaba como secretario alrededor de cien mil pesos mensuales, apareciera asociado a una celebración de lujo extremo, exhibida en redes sociales, mientras los choferes del Estado de México no tenían ni para la gasolina, ni para el seguro, ni para la reparación de sus unidades.

Fue, para el gremio, la prueba de la doble moral: austeridad para el chofer, lujo para el funcionario. Austeridad republicana en el discurso, dispendio en la vida real.

Por eso, cuando Sibaja dejó la Secretaría en enero de 2026, los transportistas no lo extrañaron. Lo que no esperaban, dicen, es que su sucesor, Juan Hugo de la Rosa, mantuviera la misma lógica.

A eso se suma otro señalamiento que los transportistas no olvidan y que repiten en cada protesta: en el medio se recuerda cómo Sibaja se refería a ellos en corto como “unos mugrosos torteros”, gente que para él no merecía ser escuchada, solo controlada. 0b25

Esa frase, sea textual o sea el resumen que el gremio hace de su trato, quedó grabada. Porque para el chofer, no fue un insulto aislado. Fue la síntesis de una gestión: desprecio al trabajador del volante, soberbia del funcionario, distancia entre el escritorio y la calle.

Con ese antecedente, dicen los inconformes, al gobierno del Estado de México no le ha ido muy bien en Movilidad. Cambió de secretario, pero no cambió de sistema. Salió el del dispendio, entró el del corporativismo, y el chofer sigue igual.

*Los ataúdes rodantes*

Esa continuidad se ve todos los días en el Valle de México. Ahí, muchos vehículos son ataúdes rodantes, vehículos que ya no deberían estar circulando porque representan un riesgo mortal para el pasajero, para el chofer y para los demás automovilistas. Son combis, microbuses y taxis que circulan con vidrios polarizados que no dejan ver quién va adentro, que impiden saber si el conductor va solo o acompañado, si el pasajero está seguro o está en riesgo. Sin placas, o con placas tapadas, o con placas de otro vehículo, para que no los puedan identificar cuando cometen una infracción o cuando provocan un accidente. Sin seguro del viajero, sin verificación, con las llantas lisas, con los frenos gastados, con la puerta que no cierra bien, con el asiento roto, con el motor echando humo.

Son vehículos que no deberían estar circulando, pero circulan, y lo hacen todos los días, a todas horas, frente a patrullas, frente a operativos, frente a oficinas de Movilidad. Y lo hacen con choferes que, denuncian los usuarios y los propios concesionarios, trabajan con impunidad, con la certeza de que nadie los va a detener, de que nadie los va a sancionar, de que si algo pasa, alguien los va a sacar del problema.

No respetan las tarifas, no respetan lo que está autorizado, no respetan lo que dice la ley. Cobran lo que quieren, cobran según la hora, según el clima, según la necesidad del pasajero. Si el pasajero reclama, lo bajan, lo insultan, lo dejan a media calle. Si es de noche, cobran doble, porque saben que no hay otro transporte. Si llueve, cobran triple, porque saben que la gente está desesperada por llegar a su casa.

Además, hacen bases no autorizadas en estaciones del Metro, hospitales y vialidades importantes, en los puntos donde hay más flujo de gente, donde hay más necesidad, donde hay más dinero. En la salida del Metro, la base pirata se impone como ley, con gritones, con cobradores, con un orden que no es el de la autoridad, sino el del grupo que controla la parada. En la puerta del hospital, la familia sale con el enfermo, con el dolor, con la urgencia, y el conductor cobra lo que quiere porque sabe que no hay otra opción, porque sabe que la familia no va a ponerse a discutir una tarifa cuando lo que quiere es llegar a su casa o a otro hospital. En la avenida principal, la combi se para en doble fila, baja pasaje a media calle, sube pasaje a media calle, y el tráfico se detiene, y el que viene atrás tiene que esperar, tiene que pitar, tiene que aguantarse.

Y nadie los mueve. Esa es la denuncia central, esa es la queja que se repitió ayer lunes en Toluca: la autoridad no los toca, la autoridad no los sanciona, la autoridad no los retira, porque hay una red de complicidades que los protege.

Desde la presencia de Daniel Sibaja al frente de la Secretaría de Movilidad, señalan los inconformes, se han presentado una serie de problemas en el transporte que no solo no se han resuelto, sino que se han agudizado. Siguen manejándolo pseudo dirigentes que, muy aparte de los vehículos concesionados, manejan “chupos” con los propios secretarios de Movilidad, con la tolerancia de funcionarios que deberían combatirlos y que, en cambio, los protegen.

*El acarreo: primero los usan, luego los olvidan*

El segundo agravio, y el que da origen a este reportaje, es el uso político del transporte, el uso que se le da al chofer como si fuera un voto con ruedas, como si fuera un acarreador a sueldo.

Primero los utilizan para actividades proselitistas y acarreo de simpatizantes. En cada proceso electoral, denuncian los transportistas, los buscan, los llaman, les prometen, les piden. Les piden unidades para llevar simpatizantes a mítines, a cierres de campaña, a eventos de apoyo, a desfiles, a concentraciones. Les ofrecen a los trabajadores del volante todo tipo de canonjías: regularización, tolerancia, trámites rápidos, no molestarlos en los operativos, placas, rutas, concesiones, todo lo que un transportista necesita para trabajar en paz.

Y los que ganan, aseguran, son los líderes y funcionarios de movilidad e incluso fiscales, los que negocian la lista, los que firman el compromiso, los que se quedan con el beneficio político. El chofer, en cambio, vuelve a lo mismo, vuelve a su realidad de todos los días: a pagar la cuenta, la gasolina, la extorsión en la parada, la mordida en el operativo, la cuota al líder, la renta de la unidad, la reparación que no puede pagar.

Es el viejo corporativismo, el mismo de siempre, pero con nuevos rostros. El transporte como ejército electoral, como estructura de movilización, como herramienta para llenar plazas. El dirigente como intermediario, como el que cobra por llevar gente, como el que negocia con el candidato. El chofer como carne de cañón, como el que pone la gasolina, pone la unidad, pone el tiempo, y al final no recibe nada.

Es un problema grave, advierten, y que no tarda en reventar y paralizar, porque el hartazgo ya llegó a un punto en que el chofer ya no aguanta más, en que el concesionario ya no aguanta más, en que el usuario ya no aguanta más. Y que ya saben cuál es la medicina: en concreto, el cierre de vialidades o bloqueos, porque es la única forma en que la autoridad los voltea a ver, es la única forma en que les hacen caso, es la única forma en que les ofrecen una mesa de diálogo. Así, dicen, se verán más presionados, así los van a atender, así los van a escuchar.

Pero, señalan, no hay realmente un apoyo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, porque sus funcionarios no le informan bien, no le dicen la verdad, no le dicen lo que pasa en la calle. Esto quiere decir, en su lectura, que no tiene buenos asesores y que, no obstante de ser una buena persona que trata de apoyar siempre a la población, que trata de ayudar a los que menos tienen, que trata de gobernar con cercanía, el problema no es ese, sino que la han utilizado incluso para trampolines políticos, como el caso de Juan Hugo de la Rosa, que usa su cercanía con el gobierno para impulsar sus propios proyectos.

*Accidentes sin seguro, víctimas sin indemnización*

El tercer agravio es el más doloroso y el que, dicen, nadie quiere tocar, porque tocarlo significa reconocer que el sistema falló, que la autoridad falló, que la Fiscalía falló: los accidentes.

Se han registrado muchos accidentes y, desafortunadamente, muchos de esos transportistas no cuentan con el seguro del viajero, no porque no quieran, sino porque nadie se los exige de verdad, porque el operativo no lo revisa, porque el líder lo solapa, porque la Secretaría lo tolera. Hay, denuncian, una completa colusión con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y los fiscales encargados hacen caso omiso a la ley porque han quedado indefensas muchas personas por el tema de la corrupción, porque las carpetas se archivan, porque las víctimas se cansan de ir y venir, porque al final nadie les resuelve nada.

Así que no hay una indemnización a lesionados por accidentes y tampoco para los que fallecen, no hay un apoyo para la familia que se queda sin el padre, sin la madre, sin el hijo que iba en esa combi, en ese taxi, en ese microbús. Y en lugar de suspender las líneas o las rutas, resulta que siguen operando ante la impunidad, que es parte de la omisión, y eso significa corrupción, porque no sancionar es permitir, porque no suspender es proteger, porque no actuar es ser cómplice.

Cuando ocurre la tragedia, la víctima queda indefensa, la familia queda sola, la carpeta se archiva, la ruta sigue operando como si nada, la unidad vuelve a circular al día siguiente, con el mismo chofer, con los mismos vidrios polarizados, con las mismas placas tapadas, como si no hubiera pasado nada.

Ayer lunes, cuando se levantó el bloqueo en Toluca, los manifestantes se retiraron con una promesa más de mesa de diálogo, con un papel firmado, con una fecha para otra reunión. Pero en el Valle de México, las bases piratas seguían ahí, en el mismo lugar, con la misma gente, con el mismo cobro. Los vidrios polarizados seguían ahí. Los vehículos sin placas seguían ahí, circulando frente a todos.

Los transportistas agraviados no piden imposibles, no piden privilegios, no piden que les regalen nada. Piden que les entreguen sus títulos, que se resuelva el rezago de dos años y medio. Que no les quiten su concesión individual, que no se imponga la concesión única sin consulta real. Que no los usen para el acarreo político, que no los traten como borregos electorales. Que se acabe el pirataje, que se acaben los “chupos” protegidos. Que se exija el seguro del viajero, que después de un accidente haya indemnización real. Que la Fiscalía actúe, que no haya impunidad para líneas y rutas que operan después de tragedias. Que la gobernadora los escuche directo, sin intermediarios, sin líderes que negocien a sus espaldas.

Porque para ellos, ya no es un tema de transporte, ya no es un tema de tarifas, ya no es un tema de rutas. Es un tema de dignidad, de respeto, de reconocimiento. Son los que mueven al Estado de México todos los días, los que llevan al trabajador a su trabajo, al estudiante a su escuela, al enfermo a su hospital, a la madre a su casa. Sin ellos, no hay escuela, no hay trabajo, no hay hospital, no hay vida cotidiana.

Y ayer lunes, en Lerdo de Tejada, lo volvieron a demostrar: si no los escuchan en la mesa, los van a escuchar en la calle.

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