OPINIÓN

¿Hasta dónde?

Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO

El debate público mexicano atraviesa un momento complejo en materia de telecomunicaciones y derechos digitales, y el reciente respaldo del gobierno actual a la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha abierto un intenso cuestionamiento político y social. La defensa pública de esta norma por parte de figuras como Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, y otros líderes guindas no solo busca justificar una agenda de control estatal sobre la conectividad, sino que recurre a un argumento que merece una reflexión profunda: la acusación a la oposición de ser hipócrita por criticar una reforma que, aseguran, es menos invasiva que los métodos de espionaje empleados en sexenios anteriores.

Desde la perspectiva del oficialismo, la oposición carece de legitimidad moral para cuestionar la reforma porque, supuestamente, durante gobiernos como el de Felipe Calderón se usó el software Pegasus para espiar ilegalmente a figuras como Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. En este discurso se articula la narrativa de que, en contraste con ese pasado, los actuales gobiernos garantizan y defienden la libertad de expresión y los derechos digitales. Sin embargo, esta defensa plantea una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto un régimen tiene el derecho, político y ético, de repetir prácticas, aunque sea con diferente formato o justificación, que antes condenó y aseguró haber sufrido como víctima?

El ejercicio del poder no puede ni debe fundarse en la revancha ni en la repetición acrítica de acciones autoritarias. Cuando un grupo político critica el espionaje ilegal y la violación de derechos fundamentales, y luego impulsa medidas que restringen o controlan la libertad en nombre del “interés público” o la “rectoría del Estado”, se instala una contradicción que erosiona la confianza ciudadana y el sistema democrático. La reforma en telecomunicaciones incorpora elementos que, según sus defensores, buscan ampliar derechos y proteger a operadores pequeños y medios comunitarios, pero también abre la puerta a una mayor intervención estatal en las comunicaciones privadas, tema que no debe minimizarse.

Las advertencias sobre la concentración del poder en el Estado en un sector tan estratégico como las telecomunicaciones deben tomarse con seriedad. Las telecomunicaciones no solo implican tecnología; son el sistema nervioso de la democracia contemporánea, el espacio donde se expresa la pluralidad, la libertad de información y la fiscalización pública. Cuando se justifican ciertas limitaciones apelando a un pasado marcado por violaciones de derechos, se corre el riesgo de naturalizar prácticas autoritarias en nombre de la seguridad o el orden público.

El contraste que propone Morena, entre un pasado oscuro de espionaje ilegal y un presente que defendería la libertad, exige ser examinado bajo la lupa de los hechos y de la transparencia. ¿Se está construyendo un sistema más democrático y respetuoso, o simplemente se está instalando un nuevo régimen de control que repite patrones de vigilancia y censura bajo otra retórica? El poder, al fin, es responsable ante la sociedad y debe evitar el círculo vicioso donde víctimas se convierten en victimarios, repitiendo la historia que un día denunciaron.

En un México que enfrenta desafíos en materia de derechos humanos, pluralidad política y Estado de derecho, la discusión sobre la reforma a la ley de telecomunicaciones no puede ser un juego de señalamientos ni de revanchas políticas. Se requiere un debate riguroso, abierto y con participación plural, que garantice no solo la ampliación de derechos, sino también la protección frente a cualquier intento de control o censura. La historia política reciente está llena de lecciones que deben servir para no repetir errores y para construir una verdadera democracia digital, inclusiva y respetuosa de todas las voces.

Porque, en política, la memoria y la coherencia no son solo elementos retóricos, sino garantías esenciales para que la legitimidad y el poder se mantengan firmes y con justicia.

APUNTES CLAVE:

VIGILANCIA: El diputado Rubén Moreira advierte que las leyes aprobadas por Morena instauran un sistema de vigilancia masiva en México, donde la autoridad podrá acceder sin orden judicial a datos íntimos de la ciudadanía, como hábitos de compra, salud, ubicación y comunicaciones. Esta información será centralizada por la Secretaría de Gobernación y compartida con organismos nacionales e incluso extranjeros, aumentando el riesgo de hackeos y control autoritario. Moreira señala que, bajo el pretexto de modernidad y seguridad, se está implementando un régimen que limita la privacidad y avanza hacia la censura y el control social.

//RETROCESO: El Grupo Parlamentario del PAN advierte que los recortes al presupuesto 2026 representan un retroceso en infraestructura, salud y generación de empleo formal en México. La propuesta reduce casi 39% de programas presupuestales, afectando sectores clave como PEMEX, CFE, ISSSTE e IMSS, mientras privilegia gasto militar. Esta disminución pone en riesgo el desarrollo económico, la atención médica y la inclusión social de grupos vulnerables, limitando el crecimiento y la calidad de vida en el país.

//SOBERANÍA: La diputada Dolores Padierna, de Morena, aseguró que en 2008, el expresidente Felipe Calderón eliminó el requisito de planta para que las farmacéuticas vendieran al gobierno, lo que debilitó la industria farmacéutica nacional y aumentó la dependencia de medicamentos importados, hoy superiores al 80%. Padierna destaca que el impulso a la producción local, promovido por Claudia Sheinbaum, es crucial para recuperar la soberanía farmacéutica, que debe fortalecerse con participación estatal e inversión estratégica para garantizar el acceso a la salud como un derecho y proteger al país frente a crisis y presiones externas.

//SEGURIDAD: El diputado Óscar Torres Castañeda, del PRI, propuso modificar el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos para permitir que vehículos de emergencia con placas estatales, como ambulancias y grúas, puedan ingresar a zonas federales aeroportuarias en casos extraordinarios y justificados, con autorización administrativa y responsiva del usuario. La iniciativa busca garantizar una atención médica o auxilio inmediato en situaciones de emergencia, evitando que las actuales restricciones pongan en riesgo la vida y la salud de las personas. La seguridad de los usuarios es el principal objetivo.