Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
Por más espectaculares que parezcan los operativos, la reciente captura de seis presuntos integrantes de “La Barredora” no representa un golpe significativo a la estructura de esta organización criminal. Al contrario: la narrativa oficial que intenta presentar estas detenciones como avances en la lucha contra el crimen organizado parece más una puesta en escena que una acción coordinada y eficaz para desarticular al grupo. La verdad incómoda es que los líderes de este brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) siguen libres, y el Estado mexicano continúa sin mostrar voluntad real para capturarlos.
Desde su origen en Tabasco, “La Barredora” ha sido señalada no solo por su capacidad de violencia, sino por sus vínculos con redes institucionales que, en lugar de combatirlos, los protegieron, los fortalecieron y los integraron en los márgenes del poder político. La figura emblemática de este contubernio fue Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y actual prófugo de la justicia con ficha roja de Interpol. Sin embargo, pese a las evidencias, testimonios y órdenes de aprehensión, ni Bermúdez ni otros líderes visibles del grupo han sido capturados.
El mensaje que se envía a la ciudadanía es tan claro como peligroso: se detiene a operadores menores, jóvenes sin trayectoria, presuntos sicarios de bajo perfil, mientras los verdaderos responsables continúan operando con impunidad. Arrestar a “El Yiyo”, de apenas 20 años, o a una joven de 18, no cambia en nada la ecuación del crimen en Puebla ni en el sureste del país. La estructura criminal que sostiene a “La Barredora” no ha sido tocada.
Más preocupante aún es que estos arrestos, lejos de tener un efecto disuasivo o estratégico, parecen diseñados para generar titulares, maquillar cifras y distraer la atención pública del verdadero problema: la colusión entre crimen organizado y funcionarios estatales. ¿Dónde está la investigación contra las redes institucionales que permitieron que un secretario de Seguridad liderara un grupo criminal durante años? ¿Qué seguimiento se ha dado a los nexos financieros, políticos y logísticos que vinculan a esta célula con figuras del gobierno anterior? Nada se ha dicho. Nadie ha respondido.
El patrón se repite: las detenciones de bajo impacto permiten alimentar la narrativa del “combate al crimen”, pero sin asumir el costo político de enfrentar a los verdaderos responsables. En el mejor de los casos, es una estrategia ineficaz; en el peor, una simulación.
El gobierno federal, los estados involucrados y la Fiscalía General de la República deben asumir la dimensión de esta amenaza con seriedad. Mientras “La Barredora” siga operando —aunque fragmentada o debilitada— y sus líderes continúen sin ser molestados, la violencia persistirá y la desconfianza social se profundizará. No se puede restaurar el Estado de derecho si quienes lo violaron desde adentro continúan libres.
La captura de peones no derrumba un cártel. Para combatir al crimen organizado se necesita más que operativos mediáticos: hace falta una política de seguridad integral, acompañada de investigación profunda, cooperación institucional y, sobre todo, voluntad política. Y eso, hoy por hoy, brilla por su ausencia.
APUNTES CLAVE:
COMISIÓN: El gobierno de México creó una comisión especial para revisar el sistema electoral del país. Estará encabezada por Pablo Gómez Álvarez, exdiputado y exjefe de la UIF. Su tarea será proponer una reforma que ponga a la ciudadanía en el centro de la vida democrática. Pronto se anunciarán más integrantes. //DESAFUERO: El senador Alejandro Moreno, también líder del PRI, rechazó un nuevo intento de quitarle el fuero por parte de la Fiscalía de Campeche. Asegura que ya ganó casos anteriores y que no hay pruebas en su contra. La Cámara de Diputados cerró un juicio previo, pero recibió una nueva denuncia por delitos como peculado y uso indebido de funciones. //PADRÓN: La diputada Fuensanta Guerrero (PRI) propuso crear un Padrón Nacional de Refugios de Animales para supervisar y transparentar el uso de recursos en albergues que atienden animales. El registro sería obligatorio y ayudaría a prevenir el maltrato y garantizar su bienestar.
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