Tecámac, Estado de México, 27 de abril de 2026. — La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) enfrenta señalamientos por una dilación de 245 días sin resolver una queja por presunto allanamiento de morada y abuso de autoridad presentada por el periodista y locutor Alejandro César Vázquez Rubio, presidente de la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión (FHEPRYT).
El caso ya escaló a nivel nacional, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tomara conocimiento del expediente ante la posible vulneración al derecho de acceso a la justicia y la libertad de expresión, lo que abre la puerta a una eventual revisión internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Ocho meses sin respuesta: una queja sin avance
Desde el 25 de agosto de 2025, fecha en que fue presentada la denuncia, la CODHEM no ha emitido acuerdo de admisión, medidas cautelares ni resolución de fondo, pese a tratarse de hechos que involucran a un servidor público municipal.
En total, han transcurrido 245 días —equivalentes a ocho meses y dos días— sin avances visibles, lo que la parte quejosa califica como **“silencio institucional” y denegación de justicia”.
Los hechos denunciados: ingreso sin orden a domicilio
La denuncia señala al policía municipal Juan Alejandro Hidalgo Toledo, adscrito a la Guardia Civil de Tecámac y asignado a la unidad 052, por presuntamente haber ingresado a un domicilio particular del periodista sin orden judicial, sin flagrancia y sin consentimiento.
De acuerdo con el testimonio, el elemento policiaco habría ingresado derivado de un conflicto familiar y, ya dentro del inmueble, realizó amenazas de detención y actos de intimidación, lo que podría constituir violaciones al artículo 16 constitucional, relativo a la inviolabilidad del domicilio.
Asimismo, se señala que el mismo elemento habría omitido reportar una situación de riesgo relacionada con un panal de abejorros agresivos, incidente en el que posteriormente intervino Protección Civil de Tecámac.
Denuncia por posible violación a derechos humanos de periodista
La queja fue presentada el 25 de agosto de 2025 ante la CODHEM mediante el correo institucional de atención ciudadana. Sin embargo, a más de siete meses, no existe respuesta sustantiva.
Organizaciones vinculadas a la libertad de expresión advierten que el caso podría implicar una violación agravada por tratarse de un periodista en funciones, lo que obliga a las autoridades a actuar con debida diligencia reforzada, conforme a estándares internacionales.
CNDH ya interviene y el caso podría escalar a instancias internacionales
Ante la falta de avances, la CNDH ya fue notificada del expediente, lo que abre la posibilidad de atraer el caso o emitir medidas de protección.
Expertos en derechos humanos señalan que, de mantenerse la inacción, el asunto podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al cumplirse criterios como:
- Agotamiento prolongado de recursos internos
- Retardo injustificado en la investigación
- Posible riesgo a la integridad de una persona periodista
Señalamientos por omisión institucional
La FHEPRYT ha criticado la falta de respuesta de la CODHEM, al considerar que la dilación prolongada “envía un mensaje de tolerancia a la impunidad cuando se trata de agresiones contra periodistas”.
“La omisión de investigar con prontitud un allanamiento denunciado contra un comunicador debilita el Estado de derecho y coloca en riesgo la libertad de expresión”, señaló la organización.
Exigencias planteadas
Entre las peticiones públicas destacan:
- A la CNDH, emitir medidas cautelares urgentes y revisar el expediente.
- A la CODHEM, explicar la falta de actuación durante 245 días.
- A la Fiscalía del Estado de México, abrir investigación penal por allanamiento y abuso de autoridad.
- Al Ayuntamiento de Tecámac, revisar la actuación del elemento señalado.
Contexto
México continúa siendo uno de los países más complejos para el ejercicio periodístico, de acuerdo con organismos internacionales. En ese contexto, especialistas advierten que la omisión de investigación en casos que involucran a periodistas puede generar un efecto de impunidad estructural.
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