CDMX.-Recientemente se dio a conocer que en algunas zonas urbanas y rurales las niñas sufren graves afectaciones a sus derechos humanos, debido a que son objeto de comercialización por parte de sus padres, familiares o terceros, para obtener un lucro indebido de ello.
Además, este tipo de prácticas se han visto agudizadas por la pobreza extrema en la que se encuentran algunas comunidades en regiones lejanas, donde, desafortunadamente, han querido pasar la venta de menores como parte de los usos y costumbres que rigen a alguna comunidad.
En un punto de acuerdo que enlistó en la Gaceta de la Comisión Permanente, en la Cámara Alta, se apuntó que “los usos y costumbres no pueden comprometer el respeto de los derechos humanos ni la integridad de las mujeres”.
Aun cuando el país cuenta con disposiciones legales que protegen a los menores de edad, actualmente en diversas comunidades indígenas y algunas zonas urbanas se siguen dando prácticas, como la comercialización de niñas para su explotación.
Se explicó que los hombres en estas comunidades acostumbran a pagar por niñas, a partir de los 9 años de edad, desde 20 mil hasta 200 mil pesos, incluso, “a veces los arreglos suelen ser por cerveza o por cabezas de ganado”.
Ante esta situación, se propuso que se solicite a los tres niveles de gobierno que intensifiquen las medidas de prevención, combate y erradicación de la venta de menores de edad, así como garantizar su seguridad y protección a sus derechos humanos.
También se expuso que, en condiciones de desigualdad y pobreza extrema, la venta de niñas se vuelve una necesidad que se ha normalizado, al grado que nadie denuncia. Incluso, “algunas madres o padres de familia esperan la edad propicia para efectuar el canje por alguna cantidad de dinero”.
Sin embargo, se destacó que hay quienes se oponen a ello, debido a que sufrieron esta situación en su momento.
En este sentido, se resaltó la importancia de que las autoridades trabajen coordinadamente para diluir esos patrones culturales, que actualmente son inadmisibles. Los tres órdenes de gobierno, abundó, deben diseñar una estrategia que permita terminar con ese tipo de prácticas en nuestro país y atender a las víctimas para lograr su recuperación.
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