Trato diferencial a mineras sospechosas de corrupción

Por J.L. Palacios Islas

CDMX.-Mientras el gobierno federal busca el pago justo de impuestos fiscales y de salarios dignos para los trabajadores de la industria minera, las autoridades encargadas tanto locales como federales de hacer respetar la ley hacen caso omiso de sentencias judiciales y dan preferencial a empresas estadounidenses y canadienses.

A la redacción han llegados casos donde resalta la violación de sentencias, así como el alto grado de contaminación por la utilización de agua con arsénico, generan graves problemas a la tierra e incluso puede llegar a mantos acuíferos generando otros graves problemas, como  el que ocurrió el 6 de agosto de 2014, la minera Buenavista del Cobre ocasionó un derrame tóxico que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando al medio ambiente ya la población de siete nuncios en Sonora.

Con la llegada de un presidente de izquierda generó la esperanza de un alto al “despojo de l riqueza nacional no puede quedar mejor demostrado que con lo que ocurre en la industria minera, donde se amalgaman todos los fenómenos que son parte de la desgracia nacional”, establece J. Jesús Lemus, en su libro México a Cielo abierto, Editorial Grijalbo, 2018.

Por ello, el presidente lanzó la amenaza de revocar concesiones, pues “principales beneficiar a las empresas mineras de Estados Unidos y Canadá, legítimas propietarios de casi 87% de las concesiones otorgadas por el gobierno federal en los últimos dos años. Casi la tercera parte del territorio nacional hoy es propiedad de extranjeros”.

Sin embargo, hay que destacar que hay trato diferencia a las minas propiedad de Ricardo Salinas Pliego del Grupo Dragón, o del legislador del PT,  Santana Armando Guadiana Tijerina, ahora senador por Morena, “aspiracionista, pues es socio de las Minera Macocozac S.A de C.V, Minera Aranzazu S.A de C.V, Exploraciones Río Alamos S.A  de C.V, Compañía Minera Ameca S.A de C.V, Battery Max de México S.A de C.V y Compañía Minera Caopas S.A de C.V son algunos de sus negocios relacionados con la minería, materia que le corresponde regular a la misma Comisión de Energía del Senado de la República, que preside. Alberto Balleres González, de la Industria Peñoles.

Así también  de Carlos Slim y de Germán Larrea Mota Velasco. Jesús Lemus documenta el despojo, la violencia y el grave daño al medio ambiente; en Michoacán hay 18 proyectos, en Oaxaca son 23, en Zacatecas, Colima, San Luis Potosí, Chihuahua y Coahuila hay minas que violan los derechos de los pobladores, y las autoridades omisas o implicados en actos de corrupción, las autoridades la Comisión Nacional del Agua, de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, jueces y ministros, así como autoridades locales de los niveles de gobierno.

Los representantes de buscan justicia en juzgados, tribunales o centros internacionales, con sedes en Estados Unidos y Canadá, para apelar decisiones que afectan sus intereses por acciones del Gobierno de México, en tanto los mexicanos no encuentran atención de sus propias autoridades ante acciones violatorias de esas mismas empresas, Mientras a los amigos del Presidente no son molestados.

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