De acuerdo a un estudio presentado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), el proceso electoral 2020-2021 estuvo caracterizado por un ambiente de polarización política y ciudadana.
En consecuencia, al menos de forma mediática, se vivió un clima de confrontación que se recrudeció con diversas expresiones de violencia política, así como con una diversidad de delitos electorales.
Este contexto tan complejo estuvo además acompañado por una pandemia, cuyas implicaciones sociales potenciaron notablemente la relevancia de las redes sociales y otros medios digitales como instrumentos clave en el curso de las campañas políticas.
En el estudio “Delitos electorales y violencia política en el contexto de pandemia y crisis sanitaria por Covid-19 en México”, bajo el marco del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021, se contabilizaron 910 agresiones, un 17.5% más respecto al proceso electoral previo y por lo menos 90 homicidios.
Además, se registraron 523 carpetas por delitos electorales -una parte de los cuales están asociados al uso de programas sociales y de vacunación contra la Covid-19 para fines electorales- y 68 casos de violencia política en razón de género.
La violencia se ejerció a través de la comisión de lesiones, privaciones ilegales de la libertad y homicidios. Además, las agresiones en cuestión tuvieron lugar en múltiples regiones del territorio nacional pues se tuvo conocimiento de su ocurrencia en 525 municipios, casi la tercera parte de los que participaron en elecciones locales.
Otro aspecto a destacar es la presencia que tuvo la violencia en redes sociales durante este proceso electoral. En relación con este tipo de incidentes se documentaron diversas amenazas, desprestigios, publicación de datos personales y calumnias a través de los medios electrónicos e incluso de comunicación tradicionales.
En el marco de este tipo de conductas, se observó que la mayor parte de las víctimas fueron candidatos locales e incluso los integrantes del Consejo General del INE. Contra estos últimos se desataron amenazas, boicoteo, ridiculización y calumnias, particularmente a partir de la cancelación del registro como candidatos a Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Adela Román Ocampo, precandidatos al Gobierno de Guerrero, así como a Raúl Morón Orozco, candidato a gobernador de Michoacán por incumplir con las normas vigentes en cuanto operación y gastos de campaña.
Según el análisis, las agresiones llegaron tanto de militantes de partidos, granjas de bots, como de autoridades. Por ejemplo el diputado federal con licencia y presidente de Morena, Mario Delgado y el mismo presidente de la República Andrés López, usaron sus redes sociales y espacios de comunicación pública para desprestigiar al INE, a sus autoridades e incluso al proceso electoral.
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