
HIDALGO.- Integrantes del Grupo Legislativo del PRI, del congreso local, Citlali Jaramillo Ramírez y Roberto Rico Ruíz, presentaron una iniciativa con la que se expide la Ley de Juicio Político del Estado de Hidalgo.
Lo anterior, se dijo, con la finalidad de establecer el procedimiento de responsabilidad política de las personas servidoras públicas precisadas en la Constitución Política del Estado, como un mecanismo de prosecución ante las acciones u omisiones indebidas en que las mismas incurran en el tiempo de su encargo.
Además, cuando estas redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
De esta forma, se reiteró que la exigencia del estricto respeto a las obligaciones que derivan del encargo de funcionarios con un alto grado de posibilidad en irrumpir el orden social que deberá apuntar a la aplicación práctica de sanciones, al agotarse el procedimiento político en el que se vislumbre la actualización de responsabilidad.
El Diputado Rico Ruiz, precisó: “lo que aqueja a la ciudadanía, es esa vulnerabilidad social ante la impunidad y la protección a personas servidoras públicas, lo que conlleva a constituir un factor determinante para la inclusión de leyes y mecanismos que otorguen seguridad jurídica a las y los gobernados”.
Agregó que “Una tarea fundamental de los legisladores hidalguenses es, hacer que los derechos de la ciudadanía prevalezcan, por lo que la presente iniciativa atiende a los daños causados por aspectos políticos que dan paso al privilegio de unos cuantos para hacer posible la protección de corruptelas”, sentenció el pachuqueño Rico Ruiz.
Asimismo, el legislador de la bancada priista, puntualizó que es indispensable poner a disposición de la ciudadanía el poder del Estado para que tutele como gran fuente de protección de sus derechos, a fin de establecer las bases para que la arbitrariedad, incongruencia, confusión, inmunidad, inequidad e ineficacia no prevalezcan, no corrompan los valores superiores que debe tutelar el servicio público.
Roco Ruiz explicó que en este escenario se avanza en el propósito de dotar al Estado de todos los elementos indispensables, para oponer a las desviaciones del quehacer público y a la conducta ilícita de personas servidoras públicas, la majestad de la ley y la fuerza del derecho, cuyo propósito, dijo, es evitar la inmunidad para las personas servidoras públicas que delinquen.
“La ciudadanía exige una implementación de una ley en específico para dar el tratamiento a lo que es el Juicio Político en el Estado, como un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución e inhabilitación a personas servidoras públicas, en el ámbito de sus atribuciones, que han incurrido en arbitrariedad o abuso o exceso de poder”, concluyó Rico Ruíz, ex titular de la Coordinación General Jurídica del gobierno hidalguense.
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