
CDMX.- Senadoras, catedráticos e investigadores, coincidieron en la necesidad de impulsar una política de Estado transexenal, en materia de ciencia, tecnología y desarrollo, que sea apoyada por una legislación robusta, pertinente y que dote de recursos suficientes a este rubro.
Durante el “Conversatorio: Los irreductibles de Ley General de Humanidades, Ciencia Tecnología e Innovación”, la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz dijo que los gobiernos deben brindar las condiciones necesarias para incentivar la inversión en investigación científica, facilitar la adopción de nuevas tecnologías, promover la competencia y apoyar la preparación de las nuevas generaciones para integrarse al mercado laboral del futuro.
Se requiere, precisó, de una política de Estado que inyecte los recursos suficientes que impulse el progreso y la innovación del país.
Necesitamos de una política que trascienda los sexenios, así como de una nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que esté acorde a la nueva realidad del mundo, expresó.
Ello, señaló, porque actualmente México es el antepenúltimo país, dentro de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que destina inversión a este rubro; “es decir, ocupamos el lugar 34 de 35 naciones, y apenas se destina el 0.22 por ciento del Producto Interno Bruto”.
Dicha legislación, destacó, debe permitir que se cuente con las herramientas y las capacidades para tener una comunidad científica vigorosa, activa, dinámica, y que se integre a los grandes proyectos científicos del mundo.
Asimismo, tiene que generar incentivos para que la investigación científica se haga en México y sus beneficios se queden en el país, que evite la fuga de cerebros y promueva una participación mucho más diversa e inclusiva.
Rosalba Medina Rivera, presidenta de la Red Nacional de Consejos y Organismos de Ciencia y Tecnología, comentó que dicha Ley debe garantizar la inclusión, la pluralidad, la no discriminación, la igualdad de género, la libertad de investigación, la paridad e imparcialidad, así como el federalismo y la responsabilidad presupuestal.
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