Por: MARCO ANTONIO CHÁVEZ
Hidalgo. – Por los delitos de lesiones, sedición y ultrajes a la autoridad, Carlos N y Jonathan N fueron detenidos durante la marcha del pasado 8 de marzo en la capital hidalguense. Los hechos ocurrieron en el marco de la movilización por el Día Internacional de la Mujer, en la que ambos sujetos fueron señalados de participar en actos vandálicos, incluido el presunto intento de incendiar las vallas metálicas instaladas alrededor del Palacio de Gobierno.
De acuerdo con las autoridades ministeriales, uno de los detenidos habría rociado gasolina en la base de las estructuras metálicas, lo que derivó en su aprehensión y posterior presentación ante el juez de control Luis Raúl González Becerra, quien en audiencia celebrada este martes determinó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados. Permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, mientras se resuelve su situación jurídica.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación correspondiente dentro de la causa penal 444/2025. La autoridad judicial aún no define si Carlos N y Jonathan N serán vinculados a proceso o puestos en libertad; dicha resolución se dará a conocer el próximo viernes, cuando se reanude la audiencia.
Entre los cargos que enfrentan, destaca el delito de lesiones, el cual, según el Código Penal del Estado de Hidalgo, se configura cuando se causa daño a la salud de otra persona. Este ilícito contempla penas que van de tres meses hasta diez años de prisión.
También se les acusa de sedición, conducta tipificada en el artículo 289 del mismo código como el acto de resistir o atacar a la autoridad de forma tumultuaria, aunque sin portar armas, con el propósito de impedir el libre ejercicio de sus funciones. Este delito puede ser castigado con hasta dos años de cárcel.
El tercer delito es el de ultrajes a la autoridad, definido como toda acción o expresión que tenga como objetivo denigrar u ofender a un funcionario en el ejercicio de sus funciones. La pena correspondiente oscila entre tres meses y un año de prisión.
El juez de control justificó la prisión preventiva debido a que los acusados no lograron acreditar un domicilio fijo ni un empleo estable. Además, se tomó en cuenta la gravedad de los delitos imputados y las penas máximas previstas en la ley.
El proceso continuará el próximo viernes, cuando el juez decida si existen los elementos suficientes para vincular a Carlos N y Jonathan N a proceso penal. (Fotos: Oscar Sánchez).
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