Por Juan Pablo Ojeda
Durante “La Mañanera del Pueblo” de este 28 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que podría existir la posibilidad de un resarcimiento económico por parte de Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, en caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo solicite, siguiendo el ejemplo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El narcotraficante, recientemente declarado culpable en la Corte del Distrito Este de Nueva York, deberá pagar una multa de 15 mil millones de dólares. “En caso de que se devuelva dinero de este narcotraficante, evidentemente debería haber un resarcimiento a México. Ya veríamos las condiciones legales en caso de que hubiera devolución de recursos”, explicó Sheinbaum.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que la situación legal de “El Mayo” en México es distinta a la de Estados Unidos. Hasta el momento, en territorio nacional solo existe una orden de aprehensión y algunas investigaciones en curso relacionadas con su historial criminal de más de 40 años al frente del Cártel del Pacífico. “Ese es un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esa investigación no tiene nada que ver con las investigaciones que están en curso en México”, señaló.
El debate sobre posibles sobornos de “El Mayo” a políticos, militares y policías en México volvió a cobrar relevancia tras su declaración en la corte de Brooklyn. Sheinbaum fue categórica: cualquier acusación de corrupción debe estar respaldada por denuncias formales y pruebas fehacientes. Subrayó que su administración no tolerará actos de corrupción, pero que los procesos solo avanzarán con información precisa y verificable.
García Harfuch también confirmó que existen investigaciones sobre corrupción en corporaciones policiales, aunque los casos comprobados, hasta ahora, corresponden a elementos municipales y estatales. Todos los procesos serán conducidos con transparencia, en coordinación con las autoridades judiciales, para garantizar que no se generen especulaciones ni juicios mediáticos sin sustento.
Con estas declaraciones, el gobierno busca equilibrar la responsabilidad de hacer valer la ley con la necesidad de procesos claros, transparentes y fundamentados, dejando en evidencia que México podría recuperar parte de los recursos vinculados a la delincuencia organizada si se cumplen los mecanismos legales correspondientes.
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