PERIODISMO CON SENTIDO

Retrocesos en iniciativa para modificar la Ley de Aguas Nacionales

La propuesta del Ejecutivo Federal para modificar la Ley de Aguas Nacionales generó nuevas inquietudes entre representantes del sector agrícola, ante el riesgo de que los cambios afecten la certeza jurídica que por décadas han tenido productores y campesinos.

De acuerdo con las declaraciones del senador Mario Vázquez, la iniciativa sustituye las transmisiones automáticas —mecanismo que vinculaba el uso del agua a la propiedad de la tierra— por un sistema de reasignaciones sujeto a trámites y criterios administrativos. Según señaló, esta modificación podría incrementar la discrecionalidad y los tiempos de espera para quienes dependen del recurso hídrico.

El legislador advirtió que organizaciones de productores han expresado preocupación en semanas recientes y que, de no atenderse sus planteamientos, podrían surgir nuevas movilizaciones. Consideran que la incertidumbre en torno al acceso al agua representa un riesgo directo para la actividad agropecuaria y para el patrimonio de miles de familias rurales.

Vázquez también indicó que la infraestructura hídrica del país requiere inversiones de largo plazo. Estimó que se necesitan alrededor de 130 mil millones de pesos para garantizar el abasto de agua potable y otros 65 mil millones para fortalecer el riego agrícola durante la próxima década. Sin recursos suficientes, dijo, sería difícil modernizar los sistemas de riego o asegurar el suministro necesario para la producción de alimentos.

Otro de los señalamientos del senador se refirió a la centralización de decisiones en materia hídrica. Según planteó, el nuevo esquema podría generar mayores retrasos y afectaciones para las regiones que dependen del agua para sus actividades productivas. También cuestionó que continúe la clasificación de obras menores —como bordos, represas pequeñas o mecanismos para recargar acuíferos— como posibles infracciones o delitos, lo que algunos productores consideran criminalización.

Productores rurales en diversas entidades han manifestado repetidamente sus inquietudes sobre el rumbo de la reforma y han llevado a cabo protestas para defender lo que consideran un derecho fundamental para la continuidad del campo y la seguridad alimentaria del país.

El debate sobre la iniciativa continúa en el Senado, en un contexto en el que organizaciones agrícolas y autoridades federales mantienen posiciones encontradas sobre el mejor camino para modernizar la gestión del agua en México.

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