Por: Jonathan Barrales
HIDALGO.- Con el propósito de respaldar a la población en la protección de los bienes inmuebles que carecen de una escritura pública, Roberto Rico Ruíz, integrante del grupo legislativo del PRI en el Congreso hidalguense, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Hidalgo.
Lo anterior, bajo la deducción del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que profesa: “Nadie podrá ser privado de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
El diputado local y excoordinador general jurídico del gobierno de Hidalgo, mencionó que con este proyecto se busca incorporar la inmatriculación por resolución administrativa en aras de brindar certeza jurídica al solicitante en su patrimonio en cuanto a sus bienes.
Lo anterior, tras otorgar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, como institución dotada de fe pública que brinda seguridad jurídica mediante la publicidad con la presunción de su existencia o apariencia jurídica y la oponibilidad ante otro no inscrito; y que en sus actos surten efectos frente a terceros.
De tal forma que, ante la inexistencia de una figura jurídica en la entidad que ayude a que la ciudadanía hidalguense que no ha podido inscribir su documento privado obligándolo a realizar un procedimiento judicial, en el cual el resultado es un título supletorio; la implementación de la figura de la inmatriculación por resolución administrativa, le va producir efectos contra terceros, lo que le permitirá contar con la protección de su patrimonio inmobiliario.
Todo ello, mencionó Rico Ruiz, se traduce en certeza jurídica del contrato privado una vez inscrito.
La gran ventaja, citó el legislador pachuqueño, es que este procedimiento se podrá realizar por el interesado sin contratar a un abogado, haciéndose un trámite ágil y rápido.
De ahí que, el objetivo primordial, “es subsanar la inseguridad jurídica y dar certeza a esos derechos que carecen de publicidad registral y de elementos de oponibilidad frente a terceros, lo que constituye una fuente inagotable de problemas, clandestinidad, simulación, fraudes, evasión fiscal”, expuso el ex funcionario del gobierno estatal.
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