Ciudad de México.— En un paso crucial para proteger a niñas, niños y adolescentes del abuso sexual, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobó por unanimidad una reforma que obliga a los prestadores de servicios turísticos a tomar medidas concretas para prevenir la explotación sexual infantil y alertar a las autoridades ante posibles delitos.
El dictamen, respaldado en la cuarta reunión ordinaria de la Comisión que preside el senador Juan Antonio Martín del Campo, incorpora dos nuevas fracciones al artículo 58 de la Ley General de Turismo, que busca blindar a los menores en contextos turísticos, donde el riesgo de abuso se dispara.
Y es que las cifras son alarmantes: México es el segundo destino mundial en turismo sexual infantil, después de Tailandia, y el primer lugar global en consumo de pornografía infantil, según datos de World Vision México. El dictamen resalta que más de 17 mil menores han sido víctimas de explotación sexual, particularmente en zonas turísticas costeras.
¿Qué cambia con esta reforma?
Con las nuevas disposiciones:
Los prestadores de servicios turísticos deberán implementar protocolos de seguridad antes de ofrecer sus servicios a turistas acompañados por menores.
Se exigirá que el adulto acredite su mayoría de edad y su relación legal con el menor: ya sea por parentesco, patria potestad o tutela.
Además, tendrán la obligación de reportar cualquier sospecha o indicio de delito a las autoridades correspondientes.
Estas medidas apuntan a cerrar el paso a redes de turismo sexual infantil que operan bajo la sombra del anonimato y la impunidad.
“Estamos tomando acciones concretas para proteger lo más valioso que tenemos: nuestras niñas y niños. Esta reforma no solo es urgente, es necesaria”, afirmó el senador Martín del Campo.
¡No más “publicidad verde” engañosa! Senado también va contra el greenwashing
Durante la misma sesión, la Comisión también aprobó una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que busca frenar el llamado greenwashing o “lavado verde”: una estrategia publicitaria que posiciona productos como ecológicos sin serlo realmente.
La propuesta prohíbe que se utilicen frases o etiquetas que simulen responsabilidad ambiental sin fundamentos verificables. Además, otorga nuevas facultades a PROFECO y SEMARNAT para emitir lineamientos que regulen la publicidad ambiental y protejan al consumidor de información falsa o engañosa.
Con estas reformas, el Senado da dos pasos firmes: uno en defensa de la infancia, y otro para proteger a las y los consumidores de prácticas desleales.
El mensaje es claro: ni un menor más víctima del turismo sexual, ni un consumidor más engañado con productos “verdes” de papel.
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