Denuncia ante la CIDH a la 4Ten la Cámara de Diputados, CNDH y TFCA

POR: JOSÉ LUIS PALACIOS

CDMX.-En la supuesta Cuarta Transformación que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhiben a la Cámara de Diputados, cuya mayoría es del partido del gobierno Morena, así como a la CNDH que encabeza una morenista y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (Segunda Sala), por violar los derechos humanos de un trabajador de la Cámara Baja, cuyo presidente Mario Delgado Carrillo no asumió su responsabilidad.

El pasado 13 de mayo del presente año la Corte Interamericana de Derechos Humano, dio entrada a la PETICIÓN – CIDH – 0000056787 del catedrático e investigador, Alejandro Armando Moreno García, quien en los últimos 18 años ejerce su derecho ante la violación de sus derechos humanos, contra un adversario tan poderoso como lo que es la Cámara de Diputados.

En abril de 2002, establece que resultó ganador de un concurso de oposición para integrar el equipo de investigadores parlamentarios de la Cámara de Diputados. “Antes de que transcurriera un año, esto es, al llegar marzo de 2003, fui despedido, ante lo cual procedí, en ese mismo año, a demandar por despido injustificado a la Cámara de Diputados. Seis años después, en 2009, gané el juicio, dado que la Cámara de Diputados no pudo demostrar que yo era un trabajador «de confianza»”.

“No necesito decir que tanto la Cámara como el Tribunal tienen grupos de abogados que dedican horas de su jornada laboral a buscar las formas coordinadas más eficientes y efectivas para perjudicarme. Doy por hecho que seguramente las encontrarán. Puedo pensar luego de todo este tiempo que el entregarme ese nombramiento fuera de la ley, no procesar el juicio en contra del ISSSTE, la no readmisión, demandarme por la rescisión de contrato y generar el incidente de acumulación, conforman el andamiaje de su estrategia…

En este escenario, la posibilidad de ser protegido por los derechos del ciudadano en mi país adquiere un valor mínimo.

Asimismo, acudo en busca de su protección sin esperar el final del juicio o los juicios debido a que el tiempo es un factor que juega en mi contra, lo cual lo saben perfectamente bien los abogados de la Cámara y del Tribunal.

En el lapso de unos cuantos meses ya no me será posible contar con los recursos para elaborar y enviar un documento como el que en esta ocasión les entrego”.

Resulta sumamente grave que la Cámara de Diputados, la parte del Estado mexicano encargada de la redacción de las leyes que rigen la convivencia en el país, al convertirse en patrón o jefe de sus trabajadores, esté dispuesta a violar los derechos laborales y humanos de ellos.

Dicha gravedad alcanza magnitudes exponenciales cuando el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje e instancias superiores, cubren de «legalidad» cada una de sus violaciones.

En este contexto, los instrumentos de coacción y de ejercicio indebido del poder del Estado mexicano se vuelven inmanejables para el ciudadano mexicano de a pie. Un indicador más que ofrezco en torno a esta opresión, es que el Estado Mexicano ocupó, en 2019, el lugar 99 de 126 entre los países que menos respetan el estado de derecho, aspecto que ustedes, como altas autoridades en la materia, deben conocer con todo detalle.

Por otra parte, el Artículo 3° de la Ley Federal del Trabajo Apartado «A», textualmente señala: Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber sociales.

No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

Con este fundamento, puedo afirmar que la Cámara de Diputados, apoyada por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y usando su desmedido poder, no sólo ha violado mi derecho al trabajo, sino que el negarme el trabajo que gané en un concurso de oposición y negarme el acceso a mis recursos, los ha convertido en fórmulas de coacción para atentar contra mi libertad y mi dignidad al tratar de obligarme a aceptar condiciones laborales que van en contra de mi persona y que me excluyen de los beneficios del resto de los trabajadores de base.

Continuando en el mismo tenor, en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se expone la definición de la tortura (énfasis añadido):

“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

Y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en apoyo a la Cámara de Diputados, ha desplegado los recursos de violencia mental para hacerme aceptar condiciones contrarias a mi persona, con conocimiento del sufrimiento que puede infligir: utiliza, por espacio de años, la retención de mis salarios vencidos ganados en el juicio como recurso de coacción para impedirme conocer el salario que voy a recibir a mi regreso como trabajador.

En complemento, utiliza su poder, deteniendo el proceso del juicio que inicié en contra del ISSSTE, a fin de suprimir mi derecho a una jubilación digna; todo para generarme un escenario de violencia institucional que no dudaría en denominar como atroz. Por si fuera poco, me criminaliza; me convierte ahora en «violador de la ley» por no aceptar dicha reinstalación ilegal y me lleva a un juicio cuyo final es imposible de predecir.

También, solicitó medidas cautelares, cuya aplicación está contemplada en los textos de la misma Comisión.

Esa posibilidad de sufrir consecuencias altamente perjudiciales adquiere mayor dimensión en el momento en que la Cámara de Diputados, el Tribunal y las dependencias gubernamentales aquí mencionadas se enteren de que he recurrido a ustedes en busca de su protección.

Así como el Estado mexicano está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, está obligado a repararlas, como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° (párrafo seleccionado). […] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Puedo añadir que, a pesar de ser una persona con preparación en el nivel de posgrado, no escapo de una realidad muy desconsoladora: en México, el 25 por ciento de los egresados de universidades se encuentra laborando en la economía informal e, incluso, prácticamente el 50 por ciento de los pasantes tiene un empleo que no requiere educación superior.

Si a esto añadimos que para el momento actual tengo 58 años de edad, al no contar con mi principal fuente de ingresos, no dudo en calificar mi situación como sumamente alarmante. Dada la nociva práctica gubernamental que se ha registrado en México durante los últimos años, y que se refleja en los ya mencionados indicadores en donde México se ubica en la evaluación proporcionada por el World Justice Project (Proyecto Mundial de Justicia, en español) en el lugar 99 de 126 en el Índice del Estado de Derecho, puedo pensar que, con todas las dilaciones que se han dado a lo largo de este proceso, el Estado Mexicano espera que, en un momento de desesperación, yo incurra en alguna actividad ilícita para quedarse con todo el dinero que debe pagarme. Otra posibilidad es que, en virtud de mis problemas de salud, yo fallezca, consiguiéndose, así, el mismo resultado.

El inciso «c» es que, a partir de las tardanzas, mi situación se agrave y mi poder de negociación ante la Cámara y el Tribunal se reduzca a su mínima expresión.

Pueden pensar que mi sentir es exagerado; sin embargo, si el primer juicio lleva diecisiete, prácticamente dieciocho años sin concluirse, es fácil pensar que un nuevo juicio tomaría un tiempo similar. Como lo anoté, tengo cincuenta y ocho años de edad; si le sumamos diecisiete años más, estaré cumpliendo setenta y cinco años.

Sin trabajo, sin una jubilación que me permita una vejez digna y condenada a la pobreza, díganme si podré llegar a esa edad. Sin temor a equivocarme, la Cámara y el Tribunal cometen un asesinato institucional disfrazado de legalidad.

En virtud de estas cuestiones, solicito su protección para hacer cumplir los derechos que han sido violados en mi persona por parte de dos de las instituciones que concentran los mayores niveles de poder al interior de la nación mexicana.