El asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, volvió a encender el debate en el Senado. Cada grupo parlamentario condenó el crimen, aunque —como suele pasar— desde trincheras distintas y con discursos que reflejan más diferencias que soluciones.
Desde Morena, PVEM y PT, se exigió una investigación “exhaustiva” y se recordó al edil como un “hombre valiente que dio su vida por su pueblo”. La senadora Reyna Celeste Ascencio aseguró que la tragedia no debe aprovecharse para pedir intervención extranjera, sino para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El PAN y el PRI, en cambio, señalaron que el homicidio muestra “la fragilidad del Estado mexicano”, donde —según sus legisladores— el crimen organizado ya impone autoridad en amplias zonas del país. La priista Anabell Ávalos recordó que Manzo pidió apoyo y seguridad “y nunca le hicieron caso”.
Desde Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas propuso crear una Comisión especial para dar seguimiento a la protección de alcaldes y funcionarios, además de solicitar un informe sobre la salida de la Guardia Nacional de Uruapan días antes del asesinato.
El pleno coincidió en condenar el crimen… pero, como ocurre con frecuencia, no tanto en cómo evitar que se repita.
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