El Senado aprobó en lo general, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, un dictamen que llegó desde la Cámara de Diputados y que, según sus impulsores, promete garantizar el derecho humano al agua… aunque para la oposición, más bien promete garantizarle al Gobierno un control sin precedentes sobre el recurso.
La propuesta del Ejecutivo busca priorizar el consumo humano y doméstico por encima de concesiones y permisos, un objetivo que nadie discute, aunque sí la forma.
Durante el debate, Morena defendió la reforma como el fin de los “acaparadores” y el nacimiento de un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”, asegurando que el agua regresa “a su dueño legítimo: el pueblo”.
La oposición, sin embargo, vio otro caudal: para el PAN, la ley convierte el agua en “instrumento político”; para el PRI, carece de estudios serios y se queda en discurso; y para MC, abre la compuerta a más trámites, más discrecionalidad y menos certeza para el campo.
El PVEM respaldó la visión gubernamental al afirmar que el agua deja de ser mercancía para asumirse como bien social, mientras el PT destacó que más de 70 mil comités de agua obtendrán personalidad jurídica y reglas claras.
El resultado final dejó claro que todos coinciden en que el agua es vital; lo que no está tan claro es si esta ley hará que fluya con más justicia… o solo con más burocracia.
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