El Senado dio un golpe de mesa y aprobó —con una votación abrumadora— una reforma que reconfigura 17 leyes federales para apretar el paso hacia la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y la atención a las violencias contra las mujeres. Un paquete legal enorme que, según sus promotores, por fin pone al Estado a la altura del reclamo nacional.
La iniciativa, impulsada desde la Presidencia y ya avalada por Diputados, busca cerrar brechas: desde igualdad salarial, protección integral, salud, educación, hasta derechos laborales y culturales. Todo bajo una misma premisa: el país ya no puede seguir funcionando con estructuras que mantienen a mujeres y niñas en desigualdad.
Las voces en el Senado coincidieron en que el avance es grande, aunque no faltaron advertencias: sin presupuesto, instituciones fuertes y voluntad política, la ley puede quedarse corta. Pero el mensaje general fue contundente: México no dará un paso atrás en derechos de las mujeres.
El dictamen, tras desechar cinco reservas, fue enviado al Ejecutivo. Ahora, el reto será convertir estas letras —tan celebradas como discutidas— en realidades que se sientan en las calles, en los trabajos y en cada hogar del país.
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