La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) respaldó la postura de México al emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados frente al tráfico ilícito de armas de fuego, en la que establece que los gobiernos deben actuar con “debida diligencia” para regular, supervisar y fiscalizar la comercialización de armas, incluso cuando intervienen empresas privadas.
El pronunciamiento señala que los Estados deben implementar medidas efectivas para evitar que las armas se desvíen al mercado ilegal, entre ellas sistemas de marcaje, registro y rastreo que permitan identificar su origen.
También subraya que las víctimas de la violencia armada deben contar con recursos judiciales efectivos para reclamar daños.
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