Después de años de fraudes digitales, créditos fantasma, cuentas bancarias abiertas sin autorización y millones de pesos perdidos por ciudadanos víctimas de delincuentes cada vez más sofisticados, legisladores del Partido del Trabajo finalmente encontraron una solución: convertir la suplantación de identidad en un delito específico dentro del Código Penal Federal.
La propuesta, presentada por senadoras y senadores petistas ante la Comisión Permanente, busca llenar un vacío legal que ha permitido que miles de casos de robo de identidad naveguen entre distintas figuras jurídicas sin una tipificación clara, mientras las víctimas enfrentan largos procesos para recuperar su patrimonio y limpiar su historial financiero.
El proyecto plantea penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes utilicen datos personales, documentos, imágenes, voces o cualquier otro medio para hacerse pasar por otra persona con fines ilícitos. Las sanciones aumentarían cuando las víctimas sean adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad o servidores públicos.
La iniciativa llega acompañada de cifras preocupantes. Según datos citados por los promoventes, los casos de usurpación de identidad crecieron más de 300 por ciento entre 2024 y 2025, mientras que cerca de la mitad de los mexicanos ha enfrentado intentos de fraude relacionados con este tipo de prácticas.
Los legisladores también descubrieron que la inteligencia artificial puede utilizarse para clonar voces, imágenes y patrones de comunicación, una realidad que empresas de tecnología, especialistas en ciberseguridad y usuarios de internet vienen advirtiendo desde hace varios años.
Mientras el fraude digital se multiplica y más del 93 por ciento de los delitos en México ni siquiera llega a investigarse, la propuesta busca ofrecer una respuesta legal específica. Ahora quedará por verse si la velocidad con la que avanza la delincuencia tecnológica es la misma con la que el Congreso procesa las reformas destinadas a combatirla.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, etapa donde numerosas propuestas suelen iniciar una larga travesía burocrática antes de convertirse en ley.
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