Alto índice de impunidad en la desaparición forzada: CNB

Por: Virginia López

CDMX.- En la Cámara Alta,  la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana Osuna, analizó las acciones que han puesto en marcha esta instancia y las necesidades legislativas que requiere para cumplir sus objetivos. 

En el encuentro, Quintana Osuna dijo ante legisladores que es fundamental combatir, de manera paralela, la “profunda crisis” de desaparecidos, así como los problemas en materia forense y de justicia que existe en México.

Para ello, asentó, se requiere de una reforma integral que aborde estos tres niveles, porque de lo contrario, no se podrá impactar y resolver de manera central la crisis.

Karla Quintana Osuna, señaló que en materia de desaparición forzada solamente existen 35 sentencias por jueces federales y estatales, y que más del 98 por ciento de los casos se encuentran en impunidad.

Si bien es cierto que se hacen esfuerzos muy importantes en materia de búsqueda de personas, acotó, se puede concluir que se tiene una “impunidad total, que va desde la investigación, hasta la emisión de la sentencia”.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda aseguró que a partir de 2006 se registró el repunte de las desapariciones, pero que fue hasta 2018 que el gobierno de México tomó medidas y asumió como su responsabilidad y prioridad la búsqueda de personas. 

En este sentido, dijo, esta instancia realizó, desde el 8 de febrero de 2019 al 4 de octubre del presente año, más de dos mil cien jornadas de búsqueda, en 28 entidades federativas y en 307 municipios.

Precisó que, hasta el lunes 4 de octubre, se tenía un registro de 92 mil 794 personas reportadas como desaparecidas, oficialmente; y hasta este día la cifra ascendió a 92 mil 844, “es decir que en dos días ya se reportaron 60 personas más”. 

Por lo que nos dicen las familias, expresó, sabemos que esta cifra puede ser mucho más alta, en virtud de la desconfianza que se tiene para denunciar las desapariciones.

Destacó que el sector de la población que más padece este flagelo en México es el de la juventud, principalmente hombres entre los 20 y 40 años, y mujeres de entre los 15 y 25 años. Aunado a ello, precisó, del total de las 92 mil personas desparecidas, 16 por ciento son niñas, niños y adolescentes.

Dijo que los estados con mayores jornadas de búsqueda son Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Sonora.

Por otro lado, explicó que 53 por ciento de las búsquedas que realiza esta Comisión se llevan a cabo en coordinación con las fiscalías estatales; 26 por ciento con la Fiscalía General de la República y el 13 por ciento sin presencia de fiscalías.

Del 1 de diciembre de 2018 al 17 de septiembre de 2021, destacó, se tiene un registro de mil 971 fosas clandestinas, con tres mil 259 cuerpos exhumados, de los cuales han sido identificados mil 274 y entregados a familiares 903.

Recordó que hace tres años, la información con la que contaban no estaba sistematizada ni homologada, y tampoco cumplía con los requisitos de la ley, “entonces fue que comenzamos a hacer una sistematización y construir un registro nacional de personas desaparecidas”.

A partir de 2019 y a la fecha, explicó, se desarrolla una estrategia tecnológica para la incorporación de la información, permitiendo una “interoperatibilidad” entre las diferentes instituciones, principalmente las fiscalías.

Ante la crisis en materia forense, dijo que se debe legislar para que las fiscalías y gobiernos locales lleven a cabo la identificación humana con un enfoque masivo, a fin de exhumar e identificar a las decenas de miles de cuerpos que hay en las fosas comunes del país.

En este sentido, refirió que, en Coahuila, de manera coordinada, el gobierno local, la Fiscalía estatal y la Comisión de Búsqueda del estado, construyeron el Centro Regional de Identificación Humana con enfoque masivo, “esfuerzo que se debe replicar en todo el país”.

También solicitó a las y los senadores impulsar reformas para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones estatales en materia de búsqueda inmediata, así como para solicitar órdenes de cateo y crear un sistema de beneficios por colaboración eficaz.

Apuntó que más del 80 por ciento de los recursos de la Comisión son para fortalecer las capacidades estatales, lo que quiere decir que “el Gobierno federal es quien asume la responsabilidad y las obligaciones de búsqueda de las entidades”.

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