Por Alejandro César Vázquez
En busca de un sistema más justo y humano, el diputado morenista Octavio Martínez Vargas propuso crear la nueva Ley de Indulto y Justicia Humanitaria del Estado de México, con la que se pretende transformar el otorgamiento de indultos en la entidad y atender las fallas estructurales del sistema penitenciario.
La iniciativa, presentada ante la LXII Legislatura, plantea abrogar la ley vigente desde 2016 y establecer reglas claras para que el Poder Ejecutivo estatal pueda conceder la conmutación de penas a personas sentenciadas por delitos del fuero común.
Martínez subrayó que la propuesta responde a la realidad de las cárceles mexiquenses y a las demandas de colectivos, familiares y personas privadas de la libertad. “Se busca dar luz a quienes han enfrentado procesos injustos”, expresó.
Un enfoque más humano y con reglas claras
El proyecto redefine las causales para solicitar indulto, incorporando criterios objetivos y estándares de derechos humanos. Entre los casos contemplados destacan:
- Enfermedades graves o terminales
- Adultos mayores
- Personas con trastornos psiquiátricos sin atención adecuada
- Integrantes de comunidades indígenas con violaciones al debido proceso
- Mujeres víctimas de fabricación de delitos
Además, se establecen procedimientos más ágiles, plazos definidos y sanciones para autoridades que retrasen u obstaculicen los trámites.
Contra la opacidad y la discrecionalidad
La propuesta fortalece el Consejo Consultivo de Indulto, que emitirá opiniones técnicas con base en evidencia y análisis interdisciplinarios, con el objetivo de evitar decisiones arbitrarias.
El legislador enfatizó que el indulto no modificará las sentencias ni eliminará la responsabilidad civil, sino que funcionará como un mecanismo excepcional para corregir injusticias y garantizar la dignidad humana.
Un sistema bajo presión
La iniciativa surge en un contexto crítico: en el Estado de México hay más de 40 mil personas privadas de la libertad en 22 reclusorios, con niveles de sobrepoblación significativos. A nivel nacional, el sistema penitenciario supera las 236 mil personas, según datos oficiales.
Martínez advirtió que hasta cuatro de cada diez detenidos podrían haber sido víctimas de fabricación de delitos, lo que refuerza la urgencia de contar con herramientas legales más eficaces y justas.
De aprobarse, la nueva ley marcaría un giro hacia un modelo penitenciario más garantista, donde el indulto deje de ser un acto discrecional y se convierta en un instrumento transparente, regulado y verdaderamente humanitario.
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