El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pidió a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales que diseñen —e implementen— programas integrales para prevenir y erradicar la violencia escolar en todas sus formas.
El exhorto, presentado ante el Senado de la República por las senadoras Geovanna Bañuelos, Yeidckol Polevnsky, Liz Sánchez, Ana Karen Hernández y el coordinador Alberto Anaya Gutiérrez, incluye algo que suena elemental: protección efectiva, atención psicológica y acompañamiento legal para víctimas y sus familias.
También plantean redes de apoyo con especialistas en salud mental y capacitación permanente para docentes, ante un problema que reconocen como de salud pública y derechos humanos.
El diagnóstico no es nuevo. La violencia escolar lleva años creciendo entre omisiones, protocolos que no se aplican y llamados que rara vez trascienden la tribuna. La incógnita es si esta vez el exhorto se convertirá en acciones concretas o si quedará, como tantos otros, en buenas intenciones.
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