Todo el movimiento por el “cuidado” de la naturaleza, tiene historia pues en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció que detrás de la lluvia de amparos en contra del Tren Maya no están los ejidatarios ni pequeños propietarios, sino que hay “inmobiliarias” y hoteleros que buscan “sacar raja” retrasando la obra.
“Sintieron que iba a pasar el Tren, empezaron a acaparar la tierra, a especular, son empresas inmobiliarias. Hay incluso casos en los que no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo. Ya di la instrucción que donde hay esos abusos se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización a precio comercial, pero no más”, dijo AMLO.
Obviamente bajo la lógica de “negocios son negocios”, todos defienden sus oportunidades para conseguir más dinero y en la vida cotidiana de la actualidad muchos piensan ganar a como dé lugar.
“Son ventajosos, están acostumbrados a robar. Y piensan que como tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared. Pues no, aunque nos lleve tiempo, lo vamos a dejar hasta el final y vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible en el caso de que haya amparos por expropiaciones con la justificación de la utilidad pública”, añadió AMLO.
Pero todo este movimiento causo muchas preguntas, puesto que detrás de un grupo de organizaciones “ambientalistas”, se encontraron financiamientos de empresarios y del gobierno de Estados Unidos.
Desde ese entonces suena el nombre de Antonella Vázquez Cavedón y de la organización Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano (DMAS), se investigó y descubrió que en la lluvia de amparos no había ejidatarios sino pseudoambientalistas que opinaban de la obra pública pero que callan y han callado ante otros casos ecológicos.
La visión de AMLO en su sexenio fue enfocada al crecimiento del país. Buscó revivir los trenes en México para copiar la movilidad de Europa y otras partes del mundo que se transportan de diferente manera y con la tecnología que hoy tiene la sociedad.
Es por ello que los discursos y las acciones de las personas que defienden una razón buena, se desvirtúa al saber a profundidad sus nexos, orígenes y cercanos.
El turismo depredador y con intereses que dañan o defienden intereses que a los mexicanos les van a golpear, se ha dado desde sexenios pasados. A muchos se les olvida la vida de crímenes ecológicos que se han hecho en México y que son una cadena de reacciones en todos los niveles de gobierno y que involucran a los tres poderes de nuestro país.
Con el argumento de defender que no haya transformación de playas emblemáticas en destinos para recreación masiva, pero no dicen nada sobre los empresarios ya establecidos que quitan el derecho al paso de los mexicanos en las playas, no dicen de la apropiación de suelos.
La autoridad ambiental subrayó que la suspensión es temporal mientras se verifican las condiciones y el cumplimiento normativo, y enfatizó que seguirá vigilando que los desarrollos turísticos cumplan con la legislación vigente para evitar daños ambientales.
De acuerdo a una explicación publicada por Greenpeace, al finalizar este análisis, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales puede emitir tres tipos de resolución: 1) Autorización del proyecto, 2) Autorización condicionada, con medidas obligatorias de mitigación y 3) Negativa, si los impactos ambientales son demasiado altos o no pueden compensarse
Hay que puntualizar que algunos de los riesgos que significan para la zona son:
· La transformación de zonas costeras sensibles
· Posibles afectaciones a arrecifes de coral y ecosistemas marinos
· Presión sobre manglares y selvas costeras
· Incremento del turismo masivo en una región ya bajo estrés ambiental
Así como paso en la desgracia de Tajamar, que pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto; pero que se llevaba trabajando desde el sexenio de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Que terminan revolcando a autoridades de todo tipo (municipales, estatales y federales) y que también mezcla diferentes perfiles de la política mexicana (Diputados, Senadores, Jueces, etc,).
Pero que también involucran a empresarios, asociaciones civiles; tal y como lo he escrito en las últimas columnas. La decisión de la Semarnat marcará un precedente: autorizar el proyecto significaría validar un modelo de desarrollo turístico de gran escala, mientras que una negativa enviaría una señal clara sobre la prioridad de conservar los ecosistemas y bienes públicos de Quintana Roo.
Nota. Yo escribo, ya cada quien lo interpreta como quiere.
Antonio Amaya Vidal
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