La violencia económica es de las que poco se habla, pero muchas veces empieza dentro de la propia familia.
Casi todos conocemos la historia de hijas que renuncian a su parte de la casa familiar “para evitar problemas”. O la de uno o varios hermanos varones que terminan apoderándose y dilapidando el patrimonio de sus madres y hermanas. Y, tristemente, la de madres que, convencidas de que están haciendo lo correcto, piden a sus hijas que cedan para que el “hombrecito” de la casa pueda llevar la vida que cree merecer. Son historias atemporales que se repiten todos los días y en todos los lugares.
La violencia económica no necesariamente deja moretones ni aparece con la misma claridad en las estadísticas como otras formas igualmente cobardes de violencia contra las mujeres. Sin embargo, sus consecuencias también son profundas, dependencia y pérdida de autonomía. Y muchas veces ocurre justo en el lugar donde debería existir mayor protección: la propia familia.
No ocurre solo en un tipo de familia ni en un nivel socioeconómico específico. La violencia económica contra las mujeres atraviesa todos los estratos sociales. Se repite, generación tras generación, en muchos hogares humildes y en otros de gran riqueza. No siempre llega con gritos o amenazas; a menudo aparece disfrazada de tradición o de costumbre.
La violencia económica no siempre adopta la forma típica de impedir que una mujer trabaje o de controlar su salario. Muchas veces se esconde en decisiones que durante años se han considerado normales dentro de las familias. Sucede cuando los padres entregan la casa o el negocio familiar al hijo “porque él lo va a cuidar”. Cuando a la hija se le excluye del patrimonio con el argumento de que “ya se casará” o, teniendo pareja, de que ya no lo necesita. Cuando se le presiona para aceptar que los hermanos varones reciban y administren los bienes familiares para “no dividir a la familia”.
En demasiados hogares latinoamericanos sigue operando una lógica silenciosa: los recursos familiares terminan concentrándose en los hombres. No es solo una percepción cultural o un secreto a voces. En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro mujeres no tiene ingresos propios, según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL.
Una dependencia económica que con frecuencia las deja en una posición más vulnerable dentro de sus propios hogares. Cuando una mujer no tiene acceso a propiedad, patrimonio o ingresos propios, su margen de decisión se reduce. Tiene menos capacidad para enfrentar una crisis o construir un proyecto de vida independiente.
Las cifras ayudan a dimensionar el problema. En México, dos de cada diez mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia económica o patrimonial dentro de su relación de pareja, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) del INEGI. Según la misma encuesta, más de 13 millones de mujeres en el país han enfrentado algún tipo de control sobre su dinero, su trabajo o sus bienes.
Estas dinámicas rara vez responden a actos de una sola persona. Son el resultado de una cultura que durante generaciones ha asignado a los hombres el control del patrimonio. Por eso, el despojo contra las mujeres dentro de las familias muchas veces va acompañado de la presión —o la complacencia e incluso complicidad— no solo de los hombres, sino también de otras mujeres del propio núcleo familiar.
Así, el patrimonio de muchas familias, sea poco o mucho, termina financiando la vida de hijos a los que durante años se les enseñó que la familia siempre los rescataría por el simple hecho de ser hombres. A lo largo de la historia, el inmerecido premio de consolación para “burros” y “baquetones” ha sido apoderarse de aquellos bienes que por derecho corresponden a las mujeres de su casa.
Las leyes mexicanas reconocen la violencia económica como una forma de violencia contra las mujeres. El problema ya no es tanto la letra de la ley como lo son las viejas prácticas.
Increíblemente, siendo la justicia ciega y mujer, mientras a los hombres se nos permite casi acudir ante la Suprema Corte para decidir a quién corresponde el dominó del abuelo; al género femenino se le cuestiona social y legalmente cuando decide acudir a buscar justicia ante tribunales —título de propiedad en mano— para denunciar violencia económica en su contra.
Con toda razón, cada 8 de marzo las calles se llenan de consignas justificadas. La fecha es una oportunidad para dimensionar lo mucho que falta en la búsqueda de la igualdad sustantiva y de una vida libre de violencia para las mujeres.
Pero también debería ser una oportunidad para mirar hacia adentro, hacia esos espacios cotidianos donde las desigualdades siguen reproduciéndose con normalidad, como lo puede ser la familia. Una oportunidad para entender que la equidad no se construye solo en las leyes o en el discurso público.
También se construye en decisiones aparentemente pequeñas: cómo se reparten las herencias, quién controla una propiedad, quién administra un negocio familiar, por pequeño o grande que sea. En otras palabras, cómo se distribuye el poder económico dentro de la familia.
La independencia económica también es una forma de libertad.
Y ninguna familia debería construirse sobre el despojo silencioso de sus mujeres.
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