El nuevo marco reglamentario en materia hídrica avanza con dos objetivos centrales: ordenar el sistema de concesiones y garantizar justicia social en el acceso al agua, en medio de denuncias por corrupción, acaparamiento y desigualdad en el uso del recurso.
Durante el foro “Actualización en los trámites a raíz de la aprobación de la Ley General de Aguas”, especialistas, funcionarios y legisladores analizaron los cambios que acompañarán a la nueva legislación publicada en diciembre pasado.
Entre los puntos clave destacan modificaciones al régimen de concesiones, regulación de compra-venta de inmuebles ligados a títulos de agua, derechos sucesorios, cesión de sociedades y creación de fondos de reserva y cuotas de garantía.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que el objetivo es impedir que el agua continúe tratándose como mercancía y consolidarla como un derecho.
Por su parte, Dolores Padierna Luna advirtió que la nueva reglamentación deberá evitar vacíos legales, discrecionalidad y conflictos entre autoridades y usuarios, además de dar certeza jurídica en el manejo del agua.
Desde la Comisión Nacional del Agua, funcionarios señalaron que el nuevo esquema busca ordenar concesiones para garantizar soberanía alimentaria, empleo y desarrollo económico.
Las reformas también contemplan nuevas reglas sobre obras de captación, regularización y normas oficiales mexicanas para el manejo del recurso hídrico.
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