La regulación de conflictos menores en México está dispersa en más de 2 mil 400 reglamentos municipales y pocas leyes estatales, situación que, según legisladores de Movimiento Ciudadano, provoca saturación en fiscalías y retrasa la atención de delitos graves.
Ante este panorama, el senador Luis Donaldo Colosio y la diputada Iraís Reyes presentaron una iniciativa para crear la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.
La propuesta busca homologar los modelos de justicia cívica en todo el país y convertir a los juzgados cívicos en una instancia previa para resolver conflictos cotidianos como riñas vecinales, ruido excesivo, daños menores y obstrucción de espacios públicos.
Colosio señaló que desde 2017 existe un mandato constitucional para expedir esta ley general, pero han pasado más de nueve años sin concretarse.
La iniciativa contempla audiencias públicas y orales para privilegiar la mediación y acuerdos reparatorios antes de llegar a procesos penales. También plantea sustituir arrestos por multas o trabajo comunitario.
El proyecto incluye la creación de juzgados con personal médico, psicológico, facilitadores y policías de custodia, además de un modelo de justicia itinerante para acercar servicios a comunidades alejadas y zonas marginadas.
Otro de los cambios propuestos es modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para que asuntos de menor gravedad intenten primero acuerdos en juzgados cívicos antes de llegar a las fiscalías.
La iniciativa también prevé registros estatales y municipales de juzgados y personas juzgadoras para transparentar el funcionamiento del sistema y evaluar su desempeño.
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